¿Decisión precipitada o agilidad de la justicia en contra del movimiento estudiantil normalista?

De forma anómala acelerada y bajo una decisión judicial poco coherente  fueron enviados al centro correccional para menores denominado “Las Gaviotas” los dos estudiantes normalistas que la madrugada de este viernes, 8 de febrero fueron capturados por la Policía Nacional Civil, en la ciudad capital de Guatemala.

Los estudiantes fueron identificados como Giancarlo Samayoa y Darwin Morales, uno residente de esta capital y el otro de Huehuetenango (zona fronteriza con México), ambos menores de edad.

El abogado del Comité de Unidad Campesina CUC, que se acreditó como uno de los defensores de los jóvenes indicó que el Ministerio Público los sindica del delito de Usurpación en Grado de Tentativa (Artículo 256 del Código Penal).

Sin embargo, el juez que conoció el caso les atribuyó el delito de Instigación a Delinquir (Artículo 394 del Código Penal). De acuerdo con los abogados defensores esto no le corresponde al juez, porque el que sindica es el MP y no los jueces, “estos solo pueden imputar el delito”, dijeron los abogados.

Por otro, lado el juez, sin brindar explicación o argumentación jurídicamente válida que fundamente  su decisión envió a los estudiantes al centro correccional las Gaviotas aduciendo que existe peligro de fuga, así como riesgo de que los jóvenes obstruyan  la averiguación de la verdad,  a lo que se oponen los abogados (ver los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal).

El medio de prueba que presentó  el Ministerio Público fue un vídeo en donde, a lo lejos, se ve a varias personas ayudando a una señorita, alumna del Instituto Belén, a saltar una de las paredes de las instalaciones de dicha institución educativa, sin embargo por la poca luz y definición de las imágenes no se distingue el rostro de las personas que participaron en esa acción, no obstante, el juez argumentó: “que los identifica por la ropa”, violentando con esto el principio de racionalidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 157 de la ley de Protección Integral de la niñez y la adolescencia, el cual preceptúa: “Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la transgresión cometida por el adolescente que viole la ley penal”.

Se sabe que la denuncia fue presentada al MP por la directora del Instituto Belén.

Por su parte los abogados defensores solicitarán una revisión de la medida de Coerción dictada, por considerar anómala y contraria a derecho la decisión emanada del juez.

Los estudiantes que están siendo acusados y a quienes se les dicto prisión preventiva,  participaban en las acciones sociales pacíficas en donde se demanda al Ministerio de Educación la anulación del bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación que se impone a la comunidad estudiantil con la reciente reforma a la carrera magisterial.

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