Hablemos de la moratoria minera y las iniciativas de ley sobre minería…

IMG_1799Esta moratoria se impulsa en el Congreso de la República desde ayer, después de que el gobierno de Otto Pérez Molina, otorgara dos licencias de explotación minera a las empresas Minera San Rafael Sociedad Anónima y a la Compañía Guatemalteca de Niquel Sociedad Anónima (CGN), el 3 de abril de 2013.

La primera empresa mencionada, ejecuta el proyecto minero denominado El Escobal ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. La segunda empresa, ejecuta el proyecto Niquegua Montufar II ubicado en los Amates Izabal.

Nos preguntamos ¿Cuánto fue lo que recibió Otto Pérez, por otorgar la licencia minera a Minera San Rafael y a la CGN y por defender sus proyectos a capa y espada?. El descaro de este gobierno es que decretó un estado de sitio innecesario y tildó de criminales a la población defensora de sus bienes naturales y su vida misma, en Jalapa y Santa Rosa.

Con la moratoria minera Otto Pérez quiere aparentar ante los miles de compañeros y compañeras defensores de los derechos humanos y de nuestros recursos naturales su lado democrático, pero bien sabemos que el trío de milicos Otto Pérez, Mauricio Bonilla y Ulises Anzueto no tienen nada de eso.

Esta moratoria también tiene un tinte político electoral, este gobierno quiere revertir su imagen dictatorial, porque ya estamos a las vísperas del periodo electoral y será la imagen de un gobierno democrático que de aquí en adelante presentará a través de la millonaria campaña publicitaria que está impulsando en los medios de comunicación corporativos.

Por otro lado, los seguidores de este gobierno han anunciado que presentarán una iniciativa de ley de minería en la cual proponen crear una empresa estatal de minería y solicitarán un aumento en las regalías del 35% de las ganancias obtenidas por esta actividad. ¡Vaya propuesta de esta gente!

Guatemaltecas y guatemaltecos concientes que respetan y hacen valer sus Derechos Humanos, recordemos que los pueblos indígenas y originarios tienen derecho, reconocido internacionalmente, a ser consultados antes de implementar un modelo económico en su territorio. En este sentido Las Consultas Comunitarias de Buena Fe deben ser tomadas en cuenta y vinculantes en el marco jurídico de Guatemala.

En más de 60 municipio en donde se han realizado estas actividades democráticas, la población ha rechazado la minería, las hidroeléctricas y todo proyecto extractivo. En ese marco se debe encaminar nuestra lucha, porque si el pueblo dice NO a la minería el gobierno, las empresa extractivas y organizaciones indígenas progobernantes  deben respetar esa decisión.

¿Qué piensa usted estimado lector?

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