Conclusiones y Peticiones de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares a la CIDH frente a la criminalización de la protesta social en Guatemala

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Ponente: Rubén Jiménez, de la comunidad indígena Santa María Xalapán, Jalapa

En torno a todo lo que hemos dicho podemos concluir en algunas cosas específicas:

1. “Debido a los nuevos procesos globales de acumulación los cuales buscan a toda costa la apropiación y despojo de los bienes naturales de comunidades indígenas y campesinas. El Estado de Guatemala se ha insertado aceleradamente a dichos procesos apuntalando cada una de las inversiones que generalmente irrespetan los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos y particularmente de las mujeres”.

2. “El Estado de Guatemala criminaliza de forma sistemática la protesta social y reprime a los defensores de los derechos humanos, a quienes luchan por la defensa de su tierra, de su territorio y de sus recursos naturales; los métodos utilizados por el Estado para criminalizar la protesta social y generar un proceso de estigmatización y de persecución del movimiento social y defensores sociales muestran patrones similares”.

3. “Se utiliza el derecho penal en contra de dirigentes que defienden los bienes naturales y sus territorios frente a los megaproyectos, acusándolos de cometer delitos tales como usurpación, secuestros, resistencia con agravación específica, entre ellos, el desorden público, detención ilegal, asociación ilícita entre otros, pero en el peor de los casos, de terroristas y sicarios”.

4. “Los dirigentes comunitarios son acusados de forma tendenciosa de delincuentes, desestabilizadores, terroristas, asesinos y ladrones por algunos medios de comunicación. Existe negligencia o mala fe por parte de los operadores de justicia que integran el sistema de administración de justicia, pues el derecho penal es utilizado para castigar y criminalizar las actividades pacíficas de protesta social y de reivindicaciones legitimas de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones y movimientos indígenas. El Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación de garantizar la protección de toda persona frente a hechos de violencia, amenazas, represalias de hecho y de derecho”.

Peticiones.

“Solicitamos a la relatoría de los derechos de los pueblos indígenas  la visita y inloco (en el lugar) y la preparación de un informe sobre el efecto del abuso de los estados de excepción en contra de los pueblos indígenas de Guatemala y la incompatibilidad de la ley de orden público, respecto de los estándares de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.

2. “Solicitar a la relatoría de los defensores y defensoras de derechos humanos la visita inloco (en el lugar) y la preparación de un informe sobre la represión y la criminalización de comunitarios y lideres defensores de derechos humanos de Guatemala”.

3. Exigir al Estado de Guatemala el cese de la represión y criminalización de la protesta social.

4. “Exigir al Estado de Guatemala que investigue las denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios”.

5 “Que la Comisión vigile la aplicación los estados de excepción en Guatemala a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales que ha fijado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

Nota: Rubén Jiménez, es uno de los líderes comunitarios de la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, Jalapa. Comunidad que junto al pueblo Xinka de Mataquescuintla, Casillas y San Rafael Las Flores padecieron un estado de sitio decretado por el gobierno, para dar vía libre a las operaciones de la minera San Rafael en el proyecto minero denominado el Escobal.

Anteriormente al estado de sitio, el mayordomo de Xalapán, Roberto González Ucelo, junto a otros tres líderes de esa comunidad, fueron secuestrados, después de que regresaban de una consulta comunitaria de buena fe en San Rafael las Flores, dejando como saldo el asesinato de Expectación Marcos, este hecho ocurrió el 17 de marzo de este año.

A los líderes comunitarios y habitantes de esta comunidad ancestral Xinka, también se les ha acusado, por parte del gobierno, de terroristas, de robo de armas y explosivos entre otros delitos grabes, sin que hasta la fecha, se haya comprobado tal calumnia.

La 149 Audiencia de la CIDH se realizó en Washington D.C hoy 28 de octubre de 2013 a las 8:15 de la mañana, hora de Guatemala.

Intervención de Daniel Pascual durante la Audiencia No.149 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington

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“Buenos días, decirles que venimos en representación de comunidades pueblos y organizaciones que estamos sumamente preocupados por la situación del país. Nosotros venimos a presentar este informe y de entrada queremos reiterar la necesidad del informe de la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de su reciente visita a Guatemala”.

“Contarles que es lamentable nuestra situación, porque salimos de los acuerdos de paz que nos llevó a cerrar la guerra en el país, pero que lamentablemente en este momento estamos viviendo situaciones alarmantes similares a la guerra, hay alrededor de 16 y 17 muertos diarios en nuestro país”.

“Nos preocupa la conflictividad a partir del desarrollo de las políticas de privatización que hubieron y que hay en nuestro país, por los tratados comerciales, por las concesiones mineras, por las concesiones petroleras, y las concesiones de hidroeléctricas”.

“El acaparamiento de la tierra para cultivar palma y caña para agrocombustibles esta llevando a una reconcentración de la tierra general y que a partir de eso se han dado una serie de violaciones de derechos humanos, individuales y colectivos que tienen que ver con la violación y el derecho a ser consultados para estas políticas”.

“La imposición de estas empresas en territorios de pueblos indígenas, estamos hablando de más de 300 licencias de explotaciones mineras entre exploración y explotación, 119 licencias para proyectos hidroeléctricos y recientemente la creciente criminalización de dirigentes y líderes comunitarios”.

Toda esa criminalización de los defensores de derechos humaos pasa a manos de los juzgados en donde giran órdenes de captura y cuando estos no lo logran, el Organismo Ejecutivo se encarga de hacer estados de sitio en donde, concretamente, se anulan formalmente y de hecho las diferentes garantías constitucionales”.

“Esto ha llevado también, a niveles de asesinatos, amenazas, desapariciones y secuestros como fue el caso de la comunidad indígena Santa María Xalapán.  Y entre otros casos que queremos poner como ejemplo”.

“También, tenemos que decir, que esta persecución no es sólo penal, sino de hecho por parte de las empresas privadas de seguridad. Hay algunos casos que se están siendo procesados en los tribunales. Incluso, ya hay casos en juicio en donde hay penas en contra de  jefes de guardias privados de seguridad”.

“Las agresiones no son sólo éstas, se han dado una serie de acusaciones de ciertos periodistas y columnistas que escriben en diferentes medios de comunicación y es lamentable que en este caso el Estado Guatemalteco les haya aprobado la personería jurídica, como es el caso, de que el ministerio de gobernación haya aprobado la personería jurídica de la mal llamada fundación contra el terrorismo, encargada de una serie de acusaciones hacia diferentes defensores de derechos humanos, derechos individuales y derechos colectivos”.

“En este sentido, queremos decirles que traemos estas denuncias, las estrategias que usan para agredirnos son diversas, son de hecho, son de grupos paramilitares, son departe del Estado, entre otros, nosotros somos los quiénes estamos viviendo esta situación, cada vez más crítica”.

Nota:

Daniel Pascual es coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC– y miembro de la Convergencia Nacional Maya Waqib Kej. Participó como peticionario en la Audiencia 149 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– en Washington D.C. referente a la Criminalización de la Protesta Social en Guatemala, porque ha sido calumniado, difamado y señalado falsamente, junto a otros dirigentes populares y defensores de derechos humanos, de crear conflictos sociales, de ser terroristas, entre otras cosas, por el Gobierno, algunos supuestos periodistas y el grupo exmilitar denominado fundación contra el terrorismo.

La audiencia se realizó hoy 28 de octubre de 2013 a las 8:15 de la mañana, hora de Guatemala.

“Lobos con piel de oveja”

Este es un relato de dos niñas de 15 años que sufrieron un intento de violación sexual por el finquero Benjamin Soto esposo de la finquera María Elena Ical quienes han manipulado a las instancias de seguridad y justicia estatal de Cobán, Alta Verapaz haciéndose pasar como víctimas, cuando en realidad ellos son los víctimarios, “Lobos con piel de oveja”…

El sistema de justicia y seguridad de Cobán ignora larga lista de agresiones en Saquimó Setaño

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El campesino Crisanto Cuc Xoc y su hijo Oswaldo Cuc, de la comunidad Saquimó Setaño, Cobán, Alta Verapaz, fueron secuestrados por Benjamín Soto y unas 30 personas que lo acompañaban. El hecho ocurrió ayer a eso de las cinco de la mañana.

De acuerdo con Aurora Cuc, hija de Crisanto Cuc, los secuestradores agarraron a la fuerza a su papá y a su hermano, quienes iban saliendo de su vivienda, llevándoselos con rumbo desconocido. Después de cinco horas aparecieron e la subestación de la Policía Nacional Civil de Cobán, Alta Verapaz acusados falsamente de disparar con un rifle en contra de Soto.

Tanto, Crisanto como Oswaldo presentan fuertes golpes en todo el cuerpo, propinados por los secuestradores. Crisanto relató a sus familiares que Soto le dijo que lo mataría, al mismo tiempo, que le metía el cañón de su pistola en la boca causándole lesiones graves.

Las familias de la comunidad Saquimó Setaño en repetidas ocasiones han denunciado acoso, intimidaciones, amenaza de muerte, intento de violaciones sexuales y una constante represión en su contra por Soto y sus trabajadores, sin embargo las autoridades locales se hacen de oídos sordos, ignorando estas denuncias.

Líderes campesinos de Saquimó han manifestado que desde hace 23 años han sido hostigados por María Elena Ical y Benjamin Soto. Pero este año ha aumentado la violencia en su contra.

Desde julio de este año, Soto ha presionado a los comunitarios para que quiten la escuela de nivel primario, porque según él se ubica dentro de su finca, por ese motivo amenazó de muerte al maestro de dicho centro educativo.

El uno de agosto, Soto y sus trabajadores agredieron con machete al campesino Domingo Pop haciéndole una herida en la cabeza.

El 9 de agosto Soto persiguió a dos niñas de la comunidad Saquimó Setaño, las desnudó, las amarró y las lanzó al río, no sin antes intentar violarlas.

El 16 de agosto Soto destruyó el puente que la comunidad había construido para cruzar el río. Asimismo acabó con una lancha de los comunitarios.

El 30 de septiembre de 2013, el campesino Sebastián Choc fue secuestrado y golpeado durante unas cinco horas por Soto y su grupo paralelo de seguridad. Choc fue entregado a la PNC acusado falsamente de robar cardamomo, pero debido a la gravedad de los golpes fue trasladado al hospital regional de Cobán Alta Verapaz.

El 23 de octubre de este año, Benjamín Soto y sus trabajadores volvieron a cometer secuestro en contra de los campesinos que se mencionan al inicio de este comunicado de prensa, manteniendo una constante represión y violación de los derechos humanos en la comunidad Saquimó Setaño, por lo que exigimos:

A las instancias de seguridad y justicia de Cobán que pongan atención a este caso ya que en repetidas ocasiones se han presentado exhibiciones personales a favor de las campesinas y los campesinos agredidos y denuncias en contra Soto.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos que se presenten a la comunidad Saquimó Setaño, para verificar y actuar en contra de lo que aquí se denuncia.

A las organizaciones internacionales que velan por el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestro país, les hacemos un llamado a acompañar a las familias de esta comunidad ya que hasta la fecha las instancias del gobierno guatemalteco no ha hecho nada al respecto.

¡Exigimos que se respete la vida de los habitantes de Saquimó Setaño!

Comité de Unidad Campesina –CUC-

¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo!

Guatemala, 24 de octubre de 2013

Polochic a 1,040 días de los desalojos violentos de 14 comunidades Q´eqchí

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Este es el texto de la disertación que hizo, frente al presidente Otto Pérez Molina, Matilde Caal lideresa de las 140 familias q´eqchí del Valle del Polochic, que recibieron títulos de propiedad el 19 de octubre de 2013.

Polochic a 1049 días de los desalojos violentos de 14 comunidades Q´eqchí

La forma inhumana en la que estamos viviendo 769 familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, no es producto solamente de los desalojos en mención, sino que tiene sus causas en el histórico despojo de nuestras tierras que inició con la llegada de los alemanes a este territorio a partir de la revolución liberal en 1871. Desde entonces con artimañas los terratenientes extranjeros en complicidad con los distintos gobiernos guatemaltecos y finqueros nos han arrebatado la tierra, condenándonos a vivir en pobreza y marginación.

En relación a lo anterior se recuerda las artimañas utilizadas por Flavio Monzón y sus descendientes para apropiarse de manera ilegal de las tierras de las y los campesinos del Valle del Polochic. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico dice que: aunque la mayoría de finqueros posee título legal de sus tierras, estas han sido obtenidas por medio de la corrupción, confabulación y el fraude (véase hechos de 1978, masacre de Panzós).

Por oponerse a ese despojo y exigir sus derechos como campesinos fueron masacrados nuestros abuelos, parientes y compañeros el 29 de mayo de 1,978 por el ejército de Guatemala, hecho condenable que 35 años despuéss continua en la impunidad.

Los desalojos violentos llevados a cabo en marzo del años 2011, en el Valle del Polochic es sólo una muestra de que el despojo y la concentración de la tierra continua vigente en esta región. Así como continúa vigente la complicidad del Estado que ahora bajo el termino de “estado de derecho” defiende a empresarios y terratenientes que solo explotan la mano de obra de las campesinas y los campesinos condenándonos a vivir de manera inhumana.

A continuación damos a conocer lo que las 14 comunidades desalojadas hemos vivido durante los últimos 1049 días.

El 14 de marzo representantes de las familias campesinas viajaron a la ciudad capital para solicitar a la Secretaría de Asuntos Agrarios el acceso y legitimidad de la tierra en donde estábamos viviendo y fue en esa misma reunión que los funcionarios del gobierno aseguraron que no habría ningún desalojo.

Sin embargo, del 15 al 19 de marzo del año 2011 se llevó a cabo la serie de desalojos violentos más grande en la historia de Guatemala,14 comunidades ancestrales del Valle del Polochic fuimos afectadas psicológica, social y económicamente. Y fue en el primer día de los desalojos que resultó asesinado el compañero Antonio Beb Ac.

A partir del 19 de marzo de 2011 inició una cadena de ataques armados, amenazas de muerte, intimidaciones, persecución y criminalización en contra de líderes y lideresas comunitarias por parte de la seguridad privada de la Empresa Chabil Utzaj.

A la fecha se lamenta el asesinato de cuatro compañeros campesinos: Antonio Beb, Oscar Reyes, María Margarita Che y Carlos Cucul Tot. Asimismo se condena la destrucción de unas 500 hectáreas de maíz, frijol, chile y ocra, la quema y destrucción de 769 viviendas y la pérdida de centenares de miles de quetzales en utensilios de cocina y herramientas de trabajo.

Como resultado de las denuncias a nivel nacional e internacional que hicimos a través del Comité de Unidad Campesina y otros movimientos populares amigos, el 20 de junio del 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó Medidas Cautelares a nuestro favor. Ordenando al estado de Guatemala brindar seguridad alimentaria y vivienda digna a las 769 familias desalojadas violentamente en marzo. Lamentablemente hasta la fecha las Medidas Cautelares no se han cumplido al pie de la letra.

Como una medida de presión para que el gobierno ponga atención a la violación de nuestros Derechos, que acate las Medidas Cautelares y que nos entregue tierra, realizamos la Marcha Indígena, Campesina y Popular, organizada y convocada desde el Comité de Unidad Campesina CUC.

Al finalizar la Marcha Indígena Campesina y Popular el 28 de marzo del año 2012 el gobierno se comprometió a cumplir con 7 demandas priorizadas, que hasta hoy día ha incumplido. En el tema número dos de estas demandas priorizadas el gobierno se comprometió a resolver la conflictividad agraria del Valle Polochic, cumplir con las Medidas Cautelares y entregar tierra a las 769 familias desalojadas, en tres momentos: entregaría tierra a 300 familias al finalizar el año 2012, en el 2013 se entregaría tierra otras 300 familias y el resto en el 2014. En este contexto queremos dar a conocer que el gobierno No esta dando “un paso adelante” con la entrega de títulos de propiedad a 140 familias, sino está dando el primer paso y atrasado de los compromisos asumidos con la Marcha.

Retomando el proceso de los desalojos, después de la Marcha, la Chabil Utzaj siguió con los desalojos extrajudiciales y destrozando los pequeños sembradíos que las comunidades habíamos hecho en las orillas del Río Polochic. Es así como el 11 y 13 de febrero del año 2013 la Chabil Utzaj mandó a destrozar con tractores una caballería de frijol, maíz, chile, banano y ayote que 78 familias de la comunidad Agua Caliente había sembrado en la orilla del río Polochic.

Como una muestra más de la violencia aplicada en contra de las familias campesinas la Chabil Utzaj envió a su grupo paralelo de seguridad a desalojar extrajudicialmente a unas 100 familias que por falta de cumplimiento de las promesas del gobierno tuvieron que posesionarse en la finca el Río Polochic, esto sucedió el 25 de mayo de este año, con el saldo de 5 compañeros heridos de bala.

El 31 de mayo de 2013 fue asesinado el campesino Carlos Cucul en un atentado armado en donde nuevamente participó un grupo paralelo de seguridad, este caso aunque es ajeno a las 14 comunidades desalojadas en marzo de 2011, es parte del despojo de tierra y la política expansiva de monocultivos que se está dando en el Valle del Polochic por parte de la empresa Chabil Utzaj y que el gobierno ha consentido hasta el momento.

Por eso este 19 de octubre, día en que se está entregando títulos de propiedad a 140 familias no le agradecemos al gobierno, sino le exigimos que cumpla con entregar tierra a las 629 familias Q´eqchí restantes y le demandamos que nos dé una vivienda digna, que nos facilite el acceso a los servicios básicos, que revise la legalidad de la tierra que ha acaparado la empresa Chabil Utzaj y que detenga la política de monocultivos, como la palma africana y la caña de azúcar que esta impulsando en todo el país.

¡Ocupar, resistir y producir la Madre Tierra! 

Porque ¡La Madre Tierra no se compra ni se vende…Se recupera y se defiende! 

Comunidades desalojadas violentamente en el Valle del Polochic

Miembros del Comité de Unidad Campesina –CUC-

Panzós, Alta Verapaz 19 de octubre de 2013

Solidaridad con directivos de Vea Canal y familiares de víctima mortal

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El señor Víctor García de 40 años de edad, quién se desempeñaba como guardia de seguridad de Otto Rottman y Karina de Rottman, ambos directivos de Vea Canal, fue asesinado cobardemente ayer, 19 de octubre de 2013.

García fue atacado a balazos, cuando salió de turno,  a eso de las cuatro de la tarde, a unos 100 metros de la casa de los directivos de Vea Canal, ubicada en una zona residencial de Santa Catarina Pinula. El sector donde ocurrió el hecho violento es solamente habitacional y no comercial, lo que hace sospechar de que fue un acto dirigido. La víctima falleció tres horas después en el hospital.

El 12 de octubre recienpasado 4 personas desconocidas agredieron a los guardaespaldas de la Familia Rottman, en la zona 10, pero cuando Otto Rottman quiso separarlos uno de los desconocidos lo agarró del cuello, por la espalda dejándole leves golpes. De eso tiene conocimiento el Ministerio Público y está registrado en los archivos del Instituto de Ciencias Forenses Inacif.

De acuerdo con Otto Rotman, “ambos atentados podrían buscar venganza o silenciar las denuncias de corrupción y abuso de poder, de algunos sectores, que se hacen a través de la diversa programación de Vea Canal”.

El Comité de Unidad Campesina –CUC- se solidariza con los familiares del señor Víctor García y los directivos de Vea Canal por la pérdida de tan valiosa vida. Y condenamos enérgicamente los atentados y señalamientos que ha sufrido la familia Rottman por la labor periodística que realizan en tan importante canal de televisión.

En este sentido, exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad este caso y se castigue a los responsables, porque cabe la posibilidad de que el asesino del señor García tenga relación con la gente que ha venido asesinando y atentando contra la vida de periodistas de varios medios de comunicación.

Demandamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos poner atención sobre la violencia en contra de los comunicadores sociales ya que consideramos existe una acción del Estado de coartar la libre emisión del pensamiento aplicando la violencia.

Comité de Unidad Campesina

–CUC-

¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo!