Funcionarios reconocen escrituraciones falsas en la Sierra Santa Cruz

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“Son evidentes las anomalías que existen en los registros de las tierras de la Sierra Santa Cruz que hicieron personas particulares y empresarios”, esta fue una frase común entre los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Registro de Información Catastral (RIC), el diputado Carlos Mejía de la bancada URNG, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la dirigencia del Comité de Unidad Campesina –CUC-, quienes participaron en una reunión de trabajo para abordar el caso de la Sierra Santa Cruz.

Desde hace décadas, unas 10 personas y empresas se han apropiado ilegalmente de 246 caballerías de tierra en la Sierra Santa Cruz, ubicada entre los municipios de El Estor y Livingston, Izabal. De acuerdo con los asesores jurídicos del CUC  estas tierras pertenecen a las comunidades indígenas ancestrales qeqchí que habitan ese territorio desde hace muchos años.

Estas comunidades iniciaron los trámites ante el Instituto de Transformación Agraria (INTA), para que se les adjudicara las tierras; como resultado se comprobó que el terreno era baldío y se realizaron mediciones a su favor.

Luego de la desaparición del INTA, el caso lo debió tomar el Fondo de Tierras, pero no lo hizo. Se presume que en ese periodo es cuando irrumpen en la finca personas inescrupulosas que la escrituraron a su nombre.

En los libros que posee el Registro General de la Propiedad Inmueble de la zona central, se evidencia que los registros de ese terreno fueron violentados y además las cédulas utilizadas por las personas que se apropiaron de la finca son falsas, en este sentido el representante de la SAA, comentó, hoy, que “es necesario encontrar la forma legal de cancelar esas escrituras”.

Por su parte, el CUC presentó un Amparo a favor de las comunidades indígenas qeqchi de la Sierra Santa Cruz el 29 de agosto del año 2012 y fue la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil que le dio lugar suspendiendo toda negociación de esas tierras.

En dicho Amparo se demanda la participación de la PGN como tercer interesado, porque esas tierras le pertenecen al Estado. El diputado Carlos Mejía  enfatizó que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación iniciar un proceso jurídico para recuperar ese bien del Estado   en beneficio de las comunidades indígenas que habitan la Sierra Santa Cruz.

Los funcionarios, líderes comunitarios y dirigentes del CUC acordaron dar seguimiento al caso el 15 de octubre en las instalaciones de la PGN. También se fijó el 11 de noviembre para las siguiente reunión de trabajo en el Congreso de la República.

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