Conclusiones y Peticiones de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares a la CIDH frente a la criminalización de la protesta social en Guatemala

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Ponente: Rubén Jiménez, de la comunidad indígena Santa María Xalapán, Jalapa

En torno a todo lo que hemos dicho podemos concluir en algunas cosas específicas:

1. “Debido a los nuevos procesos globales de acumulación los cuales buscan a toda costa la apropiación y despojo de los bienes naturales de comunidades indígenas y campesinas. El Estado de Guatemala se ha insertado aceleradamente a dichos procesos apuntalando cada una de las inversiones que generalmente irrespetan los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos y particularmente de las mujeres”.

2. “El Estado de Guatemala criminaliza de forma sistemática la protesta social y reprime a los defensores de los derechos humanos, a quienes luchan por la defensa de su tierra, de su territorio y de sus recursos naturales; los métodos utilizados por el Estado para criminalizar la protesta social y generar un proceso de estigmatización y de persecución del movimiento social y defensores sociales muestran patrones similares”.

3. “Se utiliza el derecho penal en contra de dirigentes que defienden los bienes naturales y sus territorios frente a los megaproyectos, acusándolos de cometer delitos tales como usurpación, secuestros, resistencia con agravación específica, entre ellos, el desorden público, detención ilegal, asociación ilícita entre otros, pero en el peor de los casos, de terroristas y sicarios”.

4. “Los dirigentes comunitarios son acusados de forma tendenciosa de delincuentes, desestabilizadores, terroristas, asesinos y ladrones por algunos medios de comunicación. Existe negligencia o mala fe por parte de los operadores de justicia que integran el sistema de administración de justicia, pues el derecho penal es utilizado para castigar y criminalizar las actividades pacíficas de protesta social y de reivindicaciones legitimas de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones y movimientos indígenas. El Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación de garantizar la protección de toda persona frente a hechos de violencia, amenazas, represalias de hecho y de derecho”.

Peticiones.

“Solicitamos a la relatoría de los derechos de los pueblos indígenas  la visita y inloco (en el lugar) y la preparación de un informe sobre el efecto del abuso de los estados de excepción en contra de los pueblos indígenas de Guatemala y la incompatibilidad de la ley de orden público, respecto de los estándares de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.

2. “Solicitar a la relatoría de los defensores y defensoras de derechos humanos la visita inloco (en el lugar) y la preparación de un informe sobre la represión y la criminalización de comunitarios y lideres defensores de derechos humanos de Guatemala”.

3. Exigir al Estado de Guatemala el cese de la represión y criminalización de la protesta social.

4. “Exigir al Estado de Guatemala que investigue las denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios”.

5 “Que la Comisión vigile la aplicación los estados de excepción en Guatemala a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales que ha fijado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

Nota: Rubén Jiménez, es uno de los líderes comunitarios de la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, Jalapa. Comunidad que junto al pueblo Xinka de Mataquescuintla, Casillas y San Rafael Las Flores padecieron un estado de sitio decretado por el gobierno, para dar vía libre a las operaciones de la minera San Rafael en el proyecto minero denominado el Escobal.

Anteriormente al estado de sitio, el mayordomo de Xalapán, Roberto González Ucelo, junto a otros tres líderes de esa comunidad, fueron secuestrados, después de que regresaban de una consulta comunitaria de buena fe en San Rafael las Flores, dejando como saldo el asesinato de Expectación Marcos, este hecho ocurrió el 17 de marzo de este año.

A los líderes comunitarios y habitantes de esta comunidad ancestral Xinka, también se les ha acusado, por parte del gobierno, de terroristas, de robo de armas y explosivos entre otros delitos grabes, sin que hasta la fecha, se haya comprobado tal calumnia.

La 149 Audiencia de la CIDH se realizó en Washington D.C hoy 28 de octubre de 2013 a las 8:15 de la mañana, hora de Guatemala.

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Un pensamiento en “Conclusiones y Peticiones de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares a la CIDH frente a la criminalización de la protesta social en Guatemala

  1. ESTIMADOS HERMANOS:
    Solicito una querrella en contra de mis calumniadores del sector 5 de los claveles de residenciales San José del municipio de San José Pinula del departamento de Guatemala de mi nacion Guatemala de la América Central porque los tales me están disintiendo con mi vecindario a través de interpelarme en pro y en contra para prevaricarme apologalmente.

    Atentamente:
    Jorge Vinicio Santos Gonzalez,
    Documento de identificacion personal:
    1999-01058-0101 Guatemala,
    Cédula de Vecindad:
    ORDEN: A-1, REGISTRO: 825,466,
    Ciudadano de Guatemala de la América Central.

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