“Mano dura” para una resistencia pacífica

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Entre seis y siete horas de la mañana de este 23 de mayo de 2014 el jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Especiales, Pedro López García, dijo a las mujeres y hombres que se encontraban presentes en La Puya, que sino desalojaban el área serían todas y todos arrestados.

No lo puede hacer, la Procuraduría de Derechos Humanos está en camino y cuando lleguen ellos, entonces vamos a dialogar”, le respondió Yolanda Okelí, lideresa de La Puya – esos son unos huevones– respondió, López, con voz prepotente. López, añadió –sino se van de aquí los arresto a todos-.

Después de unas cinco horas las mujeres y hombres, en su mayoría adultos mayores, esperaron la presencia de la jueza de paz de la localidad, esta llegó a eso de las 13:30, sin embargo, a pesar de que algunos abogados habían presentado recursos de exhibición personal a favor de la resistencia Pacífica La Puya, unos 12 minutos después, el contingente policial inició el desalojo violento en contra de mujeres, hombres y niños/as, basándose en la libertad de la libre locomoción.puya3

El contingente inicia la incursión para llevar a cabo el desalojo violento, pero se enfrentan a que la maquinaria de la empresa Exmingua que custodiaban no pasaba porque en los extremos habían estacionados vehículos de los comunitarios, pero como si fueran de juguete los policías los levantaron para hacerlos a un lado.

La maquinaria pasó y se enfrentó a las y los comunitarios que se encontraban sentados, orando y rogando a Dios, para que los policías retractaran su intervención violenta. Esto sucedió en la entrada a la mina El Tambor. 

Pero, eso no le importó a la policía. Enviaron a mujeres policías para desalojar, con lujo de fuerza, a las comunitarias que se encontraban en resistencia pacífica, al ingreso de la maquinaria. Mientras, atrás de ellas, un agente con un tipo de bomba de fumigar echaba gas pimienta para que las personas que resistían sentadas se levantaran, por la irritación en la nariz y ojos que produce ese tipo de líquido y desalojaran el área.

Otros agentes, detonaron dos bombas lacrimógenas en el suelo, y es así como inició la agresión de policías contra pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que defienden su Territorio y La Madre Tierra de la explotación minera.

Además de las bombas lacrimógenas y gas pimienta que utilizaron las fuerzas públicas del estado, la PNC y sus fuerzas especiales utilizaron piedras, leños, ondas y todo tipo de objetos que encontraban a su paso para agredir a la población en resistencia pacífica.

Fueron unas tres horas de batalla campal, en la que la PNC y sus fuerzas especiales llevaban ventaja sobre las personas de la Resistencia Pacífica La Puya.

El resultado, fue de más de una docena de personas heridas, miembros de la Resistencia Pacífica La Puya y unos tres o cuatro agentes de la PNC con lesiones leves, que ni siquiera, ameritó su traslado a un centro asistencial.puya2

Al final, la empresa Exmingua, con el apoyo de las fuerzas de seguridad pública, lograron su objetivo, de ingresar su maquinaria al proyecto minero El Tambor.

Muchas de las mujeres, incluso hombres, lloraron, no sólo por los gases lacrimógenos y pimiento, que les irritó los ojos y fosas nasales, sino al verse impotentes ante el contingente de agentes de la PNC, custodiando la maquinaria de una empresa que explotará su territorio, que contaminará su medio ambiente y que se robará la poca riqueza que aún queda en nuestro país.

Se le pregunta al ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, ¿es un delito defender el Medio Ambiente, el Territorio y la Madre Tierra? ¿A caso defender la vida, es un delito grave que amerita pagarlo con la vida?

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¿Qué es la Sierra Santa Cruz?

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Es un área montañosa de Guatemala con una extensión de más de 64 mil 300 hectáreas. Colinda al Norte con el departamento de El Petén, al Este con los municipios de Livingston y al Sur con El Estor, Izabal, y al Oeste con Chahal, Alta Verapaz.

Desde hace menos de tres décadas, empresas y personas particulares inescrupulosas se apropiaron ilegalmente de unas 246 caballerías de tierra en las partes denominadas técnicamente como: Distrito Jaluté y Distrito Cerro 1,019, ubicados en las partes media y Sur de la mencionada Sierra.

El robo de esas 246 caballerías de tierra afecta a unas 600 familias Q´eqchi´s, de unas 20 comunidades, dueñas ancestrales y legítimas de esas tierras. Ocho de estas comunidades fueron reconocidas en el 2012, por la comuna de El Estor como Comunidades Indígenas Ancestrales, y ese mismo año la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones otorgó un Amparo a su favor mientras el Estado, a través de la Procuraduría General de la Nación, recupere esas tierras usurpadas y luego se las otorgue legalmente a las comunidades mayas Q´eqchi´s.

La lucha por la recuperación de estas 246 caballerías de tierra se retomó en el año 2012 y ha llegado hasta la Corte de Constitucionalidad, entidad que debe decidir sobre ellas y el futuro de las comunidades que habitan históricamente en la Sierra Santa Cruz.