CRIMINALIZACIÓN DE AUTORIDAD COMUNITARIA Y DIRIGENTE REGIONAL DEL CUC

Logo A1El día ayer, 24 de junio, alrededor de medio día, personas vestidas con uniformes de la policía, pero que se conducían en un vehículo particular, capturaron a Maximiliano Pérez, líder y autoridad comunitaria quien también es dirigente regional del CUC; lo introdujeron en el vehículo en el que se conducían y se retiraron del lugar.

Maximiliano Pérez es un dirigente de la región, miembro de una comunidad que se ha convertido en un centro de justicia ancestral para la mediación de conflictos que se han dado en la región del norte de El Quiché. En este centro de mediación se han resuelto conflictos con transportistas, conflictos intercomunitarios e incluso pago de deudas en banco del sistema, razón por la cual es buscada su participación por parte de diversas personas. Hay antecedentes de esta mediación en el marco del pluralismo jurídico que ha sido necesario implementar ante la discriminación de que son objeto los Pueblos Indígenas en Guatemala, tal y como lo reconoció la Procuraduría de los Derechos Humanos el 14 de marzo del presente año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

No obstante, entes del Estado Guatemalteco se niegan a reconocer este pluralismo jurídico y la aplicación del derecho jurídico maya, razón por la cual han criminalizado este ejercicio de mediación realizada por el líder y dirigente Maximiliano Pérez y se ha desatado una persecución en su contra, a pesar de que existen antecedentes y reconocimiento de diversos actores a este papel positivo de mediación realizado.

Dado el reconocimiento que el compañero tiene en la región y ante la situación de persecución y criminalización que se ha dado contra dirigentes indígenas y comunitarios que han desembocado en secuestros y asesinatos, la población y vecinos del lugar, preocupados por la vida del líder comunitario y para evitar que corra la suerte de otros dirigentes comunitarios que han sido secuestrados, reaccionaron para rescatarlo de sus captores.

Demandamos que se garantice la seguridad física y que no se criminalice el papel de mediación realizada por Maximiliano Pérez.

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA

CUC

 

25 de junio de 2014.

Incierta legalidad en la adquisición de derechos de vía para el Anillo Regional

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El Gobierno dice que el 98.7% de los derechos de vía para el tramo carretero que conectaría la Carretera Interamericana con San Juan Sacatepéquez, específicamente con la finca San Gabriel, ya fueron adquiridos, según los funcionarios “cumpliendo con lo establecido en ley”, sin embargo se niegan a entregar esa información a más de 60 mil habitantes de las 12 comunidades del área occidental de San Juan que rechazan dicho proyecto público-privado.

Este 24 de junio de 2014, en la primera reunión de trabajo y seguimiento a las demandas de la Marcha por la Dignidad de las Flores de las Comunidades de San Juan, realizada el 17 de junio pasado, las lideresas y los líderes sanjuaneros demandaron respuesta del ministro de Comunicación Infraestructura y Vivienda, MICIV, por escrito, de un convenio identificado con el número 05-2010; también la petición de Consulta Comunitaria presentada a esa dependencia en el año 2011 y replanteada ante ese despacho ministerial el 20 de mayo del año 2013; se solicitó copia del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, de la carretera y un mapa georeferencial del mencionado tramo carretero que abarcaría unos 21.8 Kilómetros del denominado Anillo Regional.

El MICIV se comprometió entregar copia del convenio 05-2010 y respuesta a la petición de Consulta Comunitaria. El representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, entregará copia del EIA, pero el gobierno a través de Miguel Ángel Valcárcel, encargado del Sistema Nacional de Diálogo, se negó a entregar el mapa georeferencial aduciendo que contiene “información sensible” a la cual no pueden acceder los comunitarios que rechazan la carretera.

Ante esa negativa, los líderes comunitarios solicitaron solamente el trazo de la carretera sin los datos de las personas que supuestamente vendieron al Estado su propiedad para el paso de la cinta asfáltica, pero igualmente se les fue negado.

“Mientras desconozcamos esa información, para nosotros esa carretera es ilegal, por eso exigimos al MICIV que realice una Consulta a las 12 comunidades de San Juan” expresaron los representantes comunitarios. Vea más:http://www.youtube.com/watch?v=4WIudvJUAdk&feature=share&list=UUGgkMukMxu3qjdENi1v1ZAA

Cabe recordar que la Marcha por la Dignidad de las Flores de San Juan realizada el 16 y 17 de junio logró comprometer al presidente Otto Pérez Molina abordar en reuniones técnicas de trabajo la construcción del Anillo Regional, Las Consultas Comunitarias, la criminalización de la dirigencia comunitaria y la construcción de la planta cementera en San Juan Sacatepéquez. “Si existe ilegalidad en el adquisición del derecho de vía ordeno suspender los trabajos de la carretera”, prometió a los líderes comunitarios en esa ocasión.

Un proyecto entre el gobierno y Cementos Progreso

Desde que el gobierno de Álvaro Colom hizo público el Anillo Regional en el año 2007 se sabe que es un proyecto público-privado. Y en el caso del tramo carretero que pasaría en territorio de San Juan Sacatepéquez se construirá con aportes del actual Gobierno y la empresa Cementos Progreso, 70 millones de Quetzales aportará cada uno.

Los datos anteriores contradicen lo dicho por el ministro de Comunicación Alejandro Sinibaldi, durante la reunión de trabajo de este 24 de junio: “Decir que queremos beneficiar a una empresa en particular (Cementos Progreso), es ser demasiado temeroso o mejor dicho demasiado atrevido” expresó el funcionario.

¿Pero cree usted que Cementos Progreso invertiría en esta carretera sin tener beneficio alguno? ¿Actuaría la familia Novela contra la lógica empresarial? Por supuesto que no, pero esas dudas se aclararían sólo sí, el gobierno entrega ese mapa referencial a los comunitarios.

Rememoran un acto de Dignidad

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Uno a uno fueron llegando, los sombreros y los sacos rojos aparecieron.

A las veladoras les antecedían rótulos con el nombre de cada uno de los Siete Principales. De pronto un hombre con foto en mano ingresó y la colocó en el altar decorado para la ocasión.

Los cerillos se prendieron y con ellos también la ofrenda que en esta oportunidad se le brindó a los abuelos y abuelas. Sonó la chirimía y el salón se empezó a llenar de humo con olor a incienso. Así comenzó la rememoración de los Siete Principales fusilados por el ejército de Guatemala, el 22 de junio de 1936, en el periodo presidencial de Jorge Ubico. IMG_5808

De acuerdo con los nietos de los Siete Principales, estos líderes comunitarios fueron ejecutados por milicianos al mando del coronel Daniel Corado, por oponerse al trabajo forzoso que en esa época había instituido el presidente Jorge Ubico con la creación de la Ley de la Vagancia.

Los milicianos llegaron a tierras nebajences el 21 de junio de 1936, ese mismo día capturaron a los Siete Principales y los fusilaron al siguiente día, detrás de la iglesia. “Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar”. La historia reza que previo a ser fusilados se prendió una vela a cada uno de ellos.

Al cumplirse 70 años del fusilamiento de Sebastián Cedillo, Juan Brito, Pedro Guzmán, Vicente Guzmán, Sebastián Avilés, Diego Cuchil y Miguel Brito alias Miguelón (los Siete Principales), en el año 1996 el Concejo Municipal de Nebaj declaró el 22 de junio de cada año como “Día de la Dignidad del Pueblo Ixil” a petición de las Autoridades Indígenas Ixiles y la Fundación Maya, Fundamaya.

IMG_5820De acuerdo con Diego Ceto secretario de la Alcaldía Indígena de Nebaj, las instituciones educativas, políticas y culturales de este municipio deben hacer referencia al Día de la Dignidad Ixil cada 22 de junio, para que no se pierda la memoria histórica y se conozca ese acto de dignidad de los Siete Principales.

78 años más tarde, el 21 y 22 de junio de 2014 se realizan actividades políticas y culturales en Nebaj, iniciando con el Encuentro de Autoridades Indígenas, una velada en la antigua iglesia del pueblo en la que se ofrecieron varias ceremonias a los Siete Principales y se hizo memoria de ese acto de Dignidad, por las nietas y nietos de los que fueron fusilados por defender sus derechos y la Madre Tierra.

Las actividades terminarán con una marcha que se realizará en el centro de Nebaj con la participación de la Alcaldía Indígena de este municipio y autoridades indígenas de Chajul, San Juan Cotzal y de otros pueblos a nivel nacional.IMG_5811

Comunidades Q´eqchi esperan de la CC una sentencia favorable

IMG_2300Líderes, de ambos sexos, de las ocho Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal demandan a la Corte de Constitucionalidad, CC, la nulidad plena de las inscripciones anómalas de sus tierras que hicieran empresas madereras, financieras y sociedades anónimas en el Registro General de la Propiedad.

La nulidad de esas inscripciones y el reconocimiento legitimo del derecho que tienen estas comunidades a la propiedad de la tierra se lo solicitan a la CC porque los magistrados de esa instancia tienen en su poder un Amparo presentado ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por los comunitarios en contra del Registro General de la Propiedad en el año 2012. Ver http://youtu.be/7bS52E617fs

El 5 de marzo de este año los líderes de las comunidades indígenas afectadas presentaron sus alegatos frente a los magistrados de la CC argumentando que históricamente esas tierras les pertenecen.

“Nosotros no nos vamos a salir porque somos parte del aire, el agua la montaña y los animales, incluso de allí es donde nos alimentamos y se alimentan nuestros hijos, por eso les solicitamos a ustedes que solucionen este problema respetando nuestra propiedad”, argumentó, ante los magistrados, Héctor Icó, representante de las 8 Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz. Ver http://youtu.be/0AjhTHadO2Y

Por su parte el abogado Sergio Beltetón asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina –CUC- solicitó a los magistrados que otorguen el Amparo pleno y total a las 8 Comunidades Indígenas.

La CC tiene en su decisión favorecer a cientos de familias Q´eqchi o beneficiar a la familia del exministro de Energía y Minas, durante el gobierno de Álvaro Colom, Carlos Meany, a la Financiera G&T y otras personas y sociedades anónimas que se han apropiado anómalamente de 246 caballerías de tierra en la mencionada Sierra. Leer más http://www.plazapublica.com.gt/content/tras-las-pistas-de-una-finca-de-origenes-dudosos

La Sierra Santa Cruz alberga a más de 600 familias de 20 comunidades, 8 de ellas reconocidas como Comunidades Indígenas por la Municipalidad del Estor del departamento de Izabal. Los comunitarios iniciaron la recuperación legal de estas tierras desde la década de los sesentas.

Este 20 de junio con actividades político culturales, frente a la CC, las 8 Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz le recordarán a los magistrados que su sentencia debe ser imparcial, por lo tanto les debe favorecer ya que de no hacerlo estarían violando el derecho colectivo y el derecho a la propiedad de estas familias.

Desbordamiento de río Pacaya causa inundaciones en parcelas

inundacion1Foto archivo: CUC. Inundación en comunidad Chiquirines, La Blanca, San Marcos año 2010

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Comité de Unidad Campesina, CUC, y las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres, Colredes, de La Blanca, Ocós, San Marcos y Coatepeque Quetzaltenango, el río Pacaya se ha desbordado unos 225 metros y ha afectado las parcelas de las campesinas y campesinos que habitan en esos municipios.

En el Informe se señala que alrededor de 42 parcelas se han inundado y se teme que se hayan perdido los cultivos de las mismas. El CUC y las Colredes han declarado alerta naranja en esa región ya que si la intensidad de la lluvia sigue, en pocos días, se podrían inundar las comunidades enteras.

Contexto

El río Pacaya es utilizado por la empresa bananera BANASA, y la empresa palmera Palmas del Horizonte del Grupo Hame, entre otras, que en verano desvían el agua del río hacia sus sembradíos pero en invierno cierran sus quíneles para proteger su cultivo de las correntadas, provocando el desborde del río que afecta la plantación de las familias campesinas.

En muchas ocasiones las poblaciones de La Blanca, Ocós y Coatepeque han denunciado la manipulación del cauce del río y acaparamiento del agua por parte de estas empresas y el efecto negativo que tiene para las familias campesinas, sin embargo el gobierno a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se han limitado a decir que es causa de un fenómeno natural.

Las comunidades afectadas por las actuales inundaciones son: Chiquirines, Barillas, Carrizales, Las Morenas, El Palmar I Y II entre otras.