LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE TZ’OLOJY’A, SOLOLA ANTE LA CONSTANTE CRIMINALIZACIÓN, DIFAMACIÓN Y CALUMNIA EN CONTRA DEL COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC- Y SU COORDINADOR GENERAL DANIEL PASCUAL MANIFESTAMOS:

Que los constantes ataques en los medios de comunicación comerciales (como sonora, emisoras unidas, entre otros), en contra de la dirigencia indígena, campesina y popular de Guatemala buscan deslegitimar las luchas y demandas de pueblos, comunidades originarias y movimientos indígenas y campesinos de este país, que hasta ahora han jugado un papel importante en la defensa de los Derechos Humanos. Por otro lado apoyan las políticas de criminalización y persecución que el gobierno, la oligarquía de este país y las empresas transnacionales han puesto en marcha en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos.

En este sentido denunciamos que las acusaciones, intimidaciones, amenazas y persecución política, en contra del CUC y contra nuestro hermano dirigente indígena y campesino Daniel Pascual se da a raíz de su contribución en la búsqueda de una democracia participativa y equitativa de los pueblos originarios, mestizos pobres, la defensa de los derechos humanos, el impulso del proceso de producción agroecológica como eslogan del buen vivir en las comunidades, la participación equitativa de mujeres y hombres en una sociedad justa e incluyente.

La querella que presentó recientemente la señora Gilda Aguilar quién dice ser asesora legal de la llamada liga pro patria en contra de nuestro dirigente Daniel Pascual pretende involucrarlo falsamente en la condenable masacre de San Juan Sacatepéquez ocurrida los días 19 y 20 de septiembre del presente año. En este sentido nuestra postura es que la conflictividad social y violencia no es responsabilidad de una organización ni de su dirigencia, es resultado de la imposición de proyectos extractivos en territorios de los pueblos originarios que no benefician a las comunidades, sino que más bien las dividen, las confrontan y generan conflictividad y terror en ellas.

Nosotros las comunidades y organizaciones de Tz’olojya, Sololá, Manifestamos nuestro respaldo y solidaridad con el compañero Daniel Pascual y el Comité de Unidad Campesina CUC, ante las irresponsables acusaciones infundadas por grupos de derecha y ante la presentación de una querella por actos de terrorismo, coacción e instigación para delinquir.

Expresamos nuestro apoyo solidario y permanente a las 12 Comunidades en Resistencia del Occidente de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción, irrespetuosa, de la planta cementera, la construcción del anillo regional y la instalación de la brigada militar. Rechazamos la imposición del estado prevención en ese territorio Kaqchikel por el gobierno de Otto Pérez Molina que no tomó en cuenta la consulta comunitaria de buena fe, los espacios de diálogo solicitados por las 12 Comunidades y todas las manifestaciones pacíficas que se han realizado desde el año 2007 hasta la actualidad.

Hacemos un llamado a la solidaridad y fraternidad de las organizaciones de radios comunitarias, religiosas, estudiantiles, sindicales, campesinas, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes y a todos los pueblos organizados para que estén atentas y se manifiesten en contra del uso de prácticas de terror en los territorios de los pueblos originarios”.

Así mismo exigimos al Estado que deje de violar los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios proponiendo y aprobando leyes que benefician a grupos empresariales como la Ley de Túmulos, Ley de Servidumbre y Paso Obligatorio denominada popularmente ley de TRECSA que permite a las empresas instalar torres eléctricas de alta tensión en terrenos de hermanos campesinos o comunitarios sin consulta previa.

Exigimos al Congreso de la República la probación inmediata de leyes que beneficien a nuestros pueblos, principalmente la Ley de Desarrollo Rural Integral, iniciativa 40-84 y la iniciativa de ley 40-87 Ley de Radios Comunitarias que desde hace tiempo han sido archivadas por los diputados y diputadas que responden solo a los intereses de la oligarquía de este país.

¡Por la defensa del territorio y la madre tierra la lucha sigue!

 

Comunidades organizadas y organizaciones indígenas y campesinas de tz’olojy’a, Sololá

Sololá, 15 de octubre de 2014

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Denuncia nacional e internacional ante nuevo asesinato de defensor de derechos humanos

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El Comité de Unidad Campesina -CUC- denuncia, lamenta y condena el vil asesinato del compañero Francisco Israel De Jesús Solares Loy de 54 años de edad quién era Defensor de Derechos Humanos, miembro de la Resistencia Contra la Minería del municipio  Mataquescuintla, Jalapa.

Este condenable hecho sucedió a eso de las 8:30 de la mañana de este 14 de octubre de 2014 cuando el compañero Francisco Solares se conducía, junto a su hija, en una motocicleta en el kilómetro 101 de la carretera que conduce de Mataquescuintla al municipio San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa.

Paradójicamente el compañero Francisco Solares fue asesinado con arma de fuego, por sujetos desconocidos, cerca de un puesto militar instalado en esa carretera.

En este marco de violencia exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad el hecho y de con el paradero de los responsables para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos.

También hacemos un llamado a las instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos que estén vigilantes de las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Guatemala y se pronuncien en contra del plan de difamación, criminalización, persecución, encarcelamiento, agresiones verbales y físicas, y asesinatos de defensores de derechos humanos  a nivel comunitario y nacional.

Intimidante y dudoso actuar de grupos armados instalados en San Juan Sacatepéquez

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Anastasio Pablo Puluc ciudadano de San Juan Sacatepéquez que se dedica a la herrería se encontraba reparando una persiana en una vivienda de la comunidad Santa Fe Ocaña cuando fue capturado supuestamente por fuerzas de seguridad del Estado.

Seis hombres vestidos de particulares lo detuvieron y sin mediar palabra lo subieron al vehículo tipo Pik Up, Toyota Hilux, color Beige Obscuro Metálico, placas PO84DZF, en donde lo trasladaron primero a la estación de la Policía Nacional Civil, PNC, de San Juan Sacatepéquez en donde fue golpeado e interrogado acerca de su identidad personal y los nombres de sus familiares, luego fue llevado a la ciudad capital a otra estación policíaca y por más de siete horas, de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde, lo retuvieron, ilegalmente, sin presentarlo a juez competente para hacerle saber los motivos de su detención.

A solicitud de la familia de Anastasio Puluc el equipo jurídico del Comité de Unidad Campesina CUC presentó una Exhibición Personal y fue así como el grupo armado lo fue a dejar, en plena calle, frente al Juzgado de Paz Penal de Turno de Mixco, ubicado en la colonia Monte Verde de la zona 3 de Mixco. De acuerdo con los asesores jurídicos, por la forma como actuó este grupo, supuestamente de policías, se interpreta la captura de Anastacio Puluc como detención ilegal o secuestro.

Los abogados añadieron que intentaron identificar al grupo que mantuvo detenido por varias horas a Puluc, pero se negaron a brindar información.

No obstante, el grupo fotografío al equipo jurídico y a familiares de Anastacio Puluc, con el objetivo de intimidarlos.

Ante esta dudosa e intimidante actitud de los supuestos grupos de seguridad del Estado exigimos al ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla que instruya a sus fuerzas a que actúen apegados a derecho y no siembren terror en la población de San Juan Sacatepéquez.

A la Procuraduría de Derechos Humanos demandamos acompañar a la población de San Juan Sacatepéquez y registrar en su informe estos hechos dudosos e intimidantes de los supuestos grupos de seguridad del Estado.

Inicia juicio por 37 ciudadanos guatemaltecos masacrados en 1980

DSC06992Después de 34 años da inicio el juicio por la masacre de la embajada de España en Guatemala donde fueron quemadas 37 personas, entre ellas campesinos, diplomáticos, exfuncionarios de gobierno y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estas personas exigían al gobierno detener la ola de violencia en el departamento de El Quiché, así como mejorar las condiciones laborales en las fincas.

DSC07002El único acusado por este caso es Pedro García Arredondo quién fungía como jefe del Comando Seis de la Policía Nacional en ese entonces, porque los otros acusados como Fernando Lucas García, quién fungía como presidente de Guatemala en esa época ya murió.

Hoy, en el inicio de este juicio, como ya es costumbre de cualquier acusado, García Arredondo se declaró inocente ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y frente a los familiares de las personas masacradas que se hicieron presentes a dicho tribunal.

No obstante, para entorpecer el proceso, el señor Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo solicitó al juez, añadirse como querellante adhesivo de este proceso, pero el juez sensatamente le recomendó participar en el juicio únicamente como oyente.

Después de este inesperado acontecimiento continuó la intervención del abogado Moisés Galindo, el mismo que defendió al genocida Ríos Montt, aduciendo que García Arredondo es inocente y que los culpables de esa masacre fueron las misma personas que murieron calcinadas en el interior de esa sede diplomática.

Antes del receso rindió declaración la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, hija de Vicente Menchú, uno de los líderes indígenas y campesinos que perdió la vida en la DSC07012embajada de España. Rigoberta dijo “no ha pasado ni un solo instante en que tenga que recordar ese lamentable escenario”.

Por su parte Sebastián López, hermano del líder campesino Mateo López Calvo, quién también fue asesinado en la embajada de España expresó: “esperamos que se haga justicia pues mi hermano junto con otros comunitarios del departamento del Quiché vinieron a la capital, en enero de 1980 a demandar paz, pero encontraron la muerte”.

En el receso de la audiencia se pudo observar la presencia de los actuales dirigentes del Comité de Unidad Campesina CUC solidarizándose con los familiares de los ciudadanos asesinados el 31 de enero de 1980 en el interior de la antigua embajada de España en Guatemala ya que la mayoría de los líderes campesinos estaban organizados en está histórica organización.