La judicialización de la libertad de expresión es un retroceso de la democracia en Guatemala

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Voces de Iximulew manifiesta su preocupación por la decisión de la juez del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal quién ligó a proceso penal a Daniel Pascual Hernández, defensor de Derechos Humanos, por denunciar ante medios de comunicación (el 25 de enero de 2013), constantes ataques mediáticos que hacen columnistas de opinión en contra de su persona y del Comité de Unidad Campesina –CUC-, organización que él coordina.

La decisión de la juez obedeció a que el exmilitar Ricardo Méndez Ruiz no quiso conciliar, cosa innecesaria si la juzgadora se hubiera apartado de este caso en su momento, y se solicitara que un tribunal de imprenta lo conociera, por tratarse de un caso relacionado con libertad de expresión y libre emisión del pensamiento.

Indirectamente la decisión de la juez es parcializada porque le da la razón a Méndez Ruiz que valiéndose de un espacio en el diario El Periódico de Guatemala crítica, acusa y difama a todo defensor y defensora de Derechos Humanos, sin que ningún tribunal de imprenta, ni el medio que le brinda el espacio, lo sancione al estar violando la ética periodística.

Hacemos un llamado a los jueces a que no se dejen engañar por el señor Méndez Ruiz quién ha puesto incontables querellas en contra de defensoras y defensores de Derechos Humanos por el simple hecho de dar sus opiniones ante los medios de comunicación, en un país considerado democrático.

Queremos aclarar que la libertad de expresión y libre emisión del 12733973_1000687210004209_2289514617340900299_npensamiento no es exclusivo para los y las periodistas. La Ley de Emisión del Pensamiento no hace una diferencia descriptiva. Tampoco lo hace el Artículo 35 de nuestra Carta Magna.

Le recordamos a la sociedad guatemalteca que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.

“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

Guatemala esta retrocediendo al pasado al criminalizar y judicializar el ejercicio del Derecho Humano a la libre emisión del pensamiento y libertad de expresión de defensores y defensoras de derechos humanos.

Guatemala, 22 de febrero de 2016

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Empujoncito para salir del subdesarrollo

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Niños Maya Q´eqchi de la comunidad El Zapotal, Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal.

Por: José G. Cubur

Los recientes datos estadísticos sobre el subdesarrollo y la situación de pobreza y extrema pobreza en la que nos encontramos, demuestran que nuestro camión llamado Guatemala va cuesta arriba y a vuelta de rueda, y si nadie se baja a empujarlo o solo un grupo lo hace difícilmente avanzará a la cima. En este sentido se considera que la población indígena y campesina ya dio su primer empujoncito, será cuestión de voluntad política del Congreso de la República, si se suma, para que nuestro camión avance un poco más.

El subdesarrollo

En enero de 2015, la canasta básica tenía un costo de Q3247.20. El mes pasado (enero 2016), el costo de la canasta básica era de Q3662, lo que significa un incremento de Q441.80 en un año[i]. En contraposición, el salario mínimo mensual, aumentó en una año Q102.64 para el sector agrícola y no agrícola y Q83.20 para el sector exportador y de maquila[ii]. Es decir que un trabajador de finca debería devengar un salario mensual de Q2747.04 y un empleado de maquila Q2534.15 (estos montos salariales fijados para el 2016, ya incluyen Q250 de bonificación que establece la ley).

Con los salarios establecidos para el 2016, al campesino le faltan Q914.96 para cubrir la totalidad de la canasta básica, pero en la realidad guatemalteca esta cifra aumenta, porque existen muchas empresas, principalmente de monocultivos que ni siquiera cumplen con pagar el salario mínimo.

Nuestra intensión no es seguir siendo tan dramáticos pero los números que nos presentan los informes oficiales, nos obligan a compararlos con la realidad que viven hermanos guatemaltecos y guatemaltecas, principalmente del área rural.

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Padre e hija sostienen a su familia, cuando no hay cosecha de granos básicos, con la venta de leña. Comunidad Zapotal, Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI– 2014, a nivel de país, la pobreza aumentó nueve puntos porcentuales. En tanto que la pobreza extrema, en la población indígena, aumentó 12 puntos porcentuales al pasar de 27.3 al 39.8 por ciento. Resaltamos que la mayoría de población indígena habita en el área rural.

La pobreza y la pobreza extrema tienen efectos letales para la población, principalmente para los habitantes indígenas y ladinos pobres del área rural. Los datos de la ENCOVI reflejan que a mayor pobreza menor alfabetismo. Por otro lado se observa un aumento en la población que no consulta a personal médico por accidentes o enfermedades debido a la falta de dinero, de 29.2 por ciento en el año 2000 a 36.2 por ciento en el año 2014[iii].

A lo anterior se suma, que en relación al Desarrollo Humano, Guatemala se encuentra en el puesto 128 de 187 países evaluados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD[iv]. Asimismo, 180 mil personas se encuentran sin empleo.

Con estos datos es difícil creer que el Estado de Guatemala alcance el desarrollo económico planteado en el plan “Visión 20-20” del actual gobierno de Jimmy Morales. Vale la pena remarcar que en su plan el gobierno habla de desarrollo económico, más no habla de desarrollo humano, aunque estos términos pueden ir entrelazados.

Desarrollo Rural Integral = Desarrollo Humano

Entendemos que el desarrollo humano de un país se centra en el desarrollo integral de todos sus habitantes, pero en Guatemala a la población rural no llegan las políticas, planes o programas públicos para que esas personas aumenten sus posibilidades de vida.

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Vivienda, comunidad Maya Chiché, Chupol, Chichicastenango, El Quiché.

En el área rural la pobreza y pobreza extrema se ve a flor de piel, en este momento nadie puede negar que en las aldeas, caseríos o comunidades existen familias que no tienen la posibilidad de comer los tres tiempos, y si lo hacen, es solo por llenarse, lejos queda la alimentación y nutrición. En estas condiciones de vida, a la mayoría de padres de familia les importa poco que sus hijos vayan a la escuela, que sus esposas visiten el centro de salud, porque tal como lo reza el ENCOVI a mayor pobreza menor alfabetismo.

Con hambre y pobreza las personas del área rural no piensan en vestuario, no piensan en poseer enormes y elegantes casas, solo quieren tener un empleo en donde se respete sus derechos laborales. Y en donde no existen, o hay muy pocas fuentes de empleo, las campesinas y campesino sueñan con tener un pedazo de tierra para producir sus propios alimentos y obtener ganancias de su producción de maíz y frijol, para cubrir otras necesidades.

Esta narración no es un cuento dedicado la población urbana, es la realidad que se vive en el norte, en el oriente, en el occidente y en el sur de nuestro país, y si usted apreciable lector no ha visto esa realidad, le invitamos a adentrarse en las aldeas, en los caserío y comunidades del área rural de nuestra Guatemala.

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Vista panorámica, comunidad Chupol, Chichicastenango, El Quiché.

Pero, en este artículo no se trata de víctimizar a la población del área rural se trata más bien de resaltar las propuestas políticas que este sector ha hecho llegar al Organismo Legislativo para cambiar su situación y salir del subdesarrollo.

La población indígena y campesina del área rural le propone al Congreso de la República que apruebe la iniciativa 40-84 conocida como Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, misma que se ha trabajado y consensuado desde hace más de 15 años por comunidades indígenas y campesinas, por organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres y otros movimientos populares.

Esta iniciativa pasó su segunda lectura en el Congreso el pasado 2 de febrero, pero fue regresada a la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca para un mayor análisis y discusión de sus enmiendas, en un plazo de 10 días hábiles.

En este sentido, el 9 de febrero, las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres rurales y otros movimientos populares presentaron 11 enmiendas a la iniciativa 40-84. Esas propuestas, fueron entregadas a la Comisión de Agricultura del Organismo Legislativo y tiene relación con: darle una mayor visibilidad a la mujer rural y una participación paritaria entre hombres y mujeres. Asimismo se reafirma y se aclara la función que tendrían dentro de la Ley de Desarrollo Rural Integral el Consejo Nacional Urbano y Rural –CONADUR– y la Junta Monetaria, y se aclaró que no se revisarían los Tratados de Libre Comercio, sino que van a estar en constante monitoreo social. Por último, se aclara que las funciones del Ministerio de Desarrollo Rural Integral son: coordinar con otros ministerios e instancias de gobierno, para hacer un trabajo en conjunto en pro del desarrollo rural integral.

¿Pero se resolverá la situación de pobreza y extrema pobreza del área rural inmediatamente al aprobarse esta iniciativa de ley? La Ley de Desarrollo Rural Integral no es una varita mágica que hará cambiar la vida de las familias del área rural de la noche a la mañana. Esta Ley será el instrumento legal para que el Estado de Guatemala trabaje por un desarrollo integral en el área rural. Entiéndase que con esta norma las políticas o programas de desarrollo rural ya no serán de gobiernos, sino de Estado, y entonces todo aquel que llegue a administrar la cosa pública tendrá que apegarse y darle continuidad a esas políticas, planes y programas.

Habitantes de la comunidad Chupol, Chichicastenango, El Quiché.

Por otro lado, si las familias en pobreza o pobreza extrema del área rural se desarrollan, difícilmente migrarían a las ciudades y formar parte de las cifras alarmantes de desempleo o aumentar los niveles de pobreza en las áreas urbanas.

Con la aprobación de esta iniciativa todos y todas ganamos, si y solo si, se hacen las cosas bien y con transparencia. Solo por mencionar un ejemplo: la clasificación del país en cuanto a desarrollo humano mejoraría, habría más oferta de granos básicos y hortalizas, lo que haría bajar el costo de la canasta básica, habría menos desempleo, menos migración y sobre todo menos desnutrición y hambruna.

La decisión esta en los diputados y diputadas del actual periodo legislativo, en los próximos días Guatemala se dará cuenta si éstos congresistas son amigos del desarrollo humano integral de todos los guatemaltecos y guatemaltecas o si siguen siendo amigos aquellos que hablan tanto de desarrollo, pero solo de sus familias y allegados.

[i]Datos propios con información del Índice de Precios al Consumidor –IPC– y Costo de la Canasta Básica Alimentaria y Vital, diciembre de 2015. Informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, en enero de 2016.

[ii]Datos propios con información de los decretos: 303-2015, publicado en el Diario de Centroamérica, el 30 de diciembre de 2015. 470-2014, publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2014.

[iii]Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI– 2014.

[iv]Informe sobre Desarrollo Humano 2015, “Trabajo al servicio del Desarrollo Humano”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Emplazan al Gobierno de Guatemala por caso Polochic

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Niña campesina del Valle Polochic.

Hoy vence el plazo que la CIDH le dio al Gobierno de Guatemala para que informe sobre posibles desalojos en el Valle del Polochic. Mientras tanto organizaciones campesinas y demás movimientos populares dan 30 días hábiles al presidente Jimmy Morales para que implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, el cual busca que las campesinas y campesinos de esa área “pasen de ser objetos de programas de desarrollo social y sujetos de criminalización a agentes de su propio desarrollo económico y social”.

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Dirigentes de organizaciones campesinas y movimientos populares entregan el documento en el cual se emplaza al presidente Jimmy Morales.

A raíz de que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz ordenara desalojar, el 28 de enero de 2016, a las comunidades Maya Q´eqchi, Bella Flor, Tinajas y Paraná del municipio de Panzós, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Estado de Guatemala que informe sobre la fecha exacta en que se lleven a cabo los posibles desalojos en el Valle del Polochic. Si se habrían explorado la adopción de medidas especiales a fin de salvaguardar la vida e integridad personal de las comunidades Maya Q´eqchi. Y que informe sobre los ulteriores avances sobre los acuerdos alcanzados, en el marco de la concertación de medidas cautelares.

Esta solicitud fue hecha por la CIDH el 28 de enero de 2016, dando un plazo al Gobierno guatemalteco de 7 días para entregar dicha información, lo que significa que hoy es el último día para que el Estado mande los datos solicitados por ese órgano internacional de Derechos Humanos.

Cabe resaltar que la orden de desalojo fue solicitada al Ministerio Público, MP, de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, por la empresa Chabil Utzaj, esto pese a que los representantes de ese ingenio azucarero habían enviado cartas de oferta a la Secretaría de Asuntos Agrarios, para la venta de las fincas Paraná y Tinajas.

El 27 de enero, un día antes, en que se llevarían a cabo los desalojos se supo que se habían suspendido, pero la incertidumbre en las familias campesinas continúa porque la suspensión de los desalojos es temporal y se desconoce la fecha en que se lleven a cabo.

Las personas que habitan en las comunidades Bella Flor, Paraná y Tinajas son parte de las 800 familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, en marzo de 2011, y gozan de Medidas Cautelares dictadas por la CIDH en junio de ese año.

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Documento que contiene la demanda de un plan de desarrollo rural para el Valle del Polochic.

Hasta el momento, el Estado ha entregado tierra a 222 familias de las 800 desalojadas, incumpliendo las Medidas Cautelares y la promesa de Otto Pérez, de que no descansaría hasta entregarles tierra y un traslado digno a la totalidad de las familias desalojadas en el 2011.

En relación a lo anterior este 5 de febrero el Comité de Unidad Campesina –CUC– y organizaciones miembros de la Asamblea Social y Popular presentaron al Gobierno un documento en donde se demanda resolver la situación agraria del Polochic, dando un plazo de 30 días hábiles para hacerlo.

De acuerdo con Rafael González, dirigente del CUC, en el documento se exige al Gobierno de Jimmy Morales que se implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, esto lleva implícito la entrega de tierra a las 578 familias desalojadas que están pendientes de que el Estado les cumpla. Además se busca convertir al Valle del Polochic en una región productiva en donde el Estado proteja y adquiera la producción campesina garantizando precios estables al productor y consumidor.

Redacción: José G. Cubur

Fotografías: Ricardo Busquets y José Cubur

Viene otro pulso por la Ley de Desarrollo Rural Integral

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Comisión representante de organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres, presente en la segunda lectura de la iniciativa 40-84

La iniciativa de ley número 40-84 conocida como Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral pasó su segunda lectura en el Congreso de la República, éste 2 de febrero de 2016. Sin duda alguna es un gran avance. No obstante, el diputado Orlando Blanco jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, propuso una moción privilegiada para que el proyecto de ley regrese a revisión y análisis de sus enmiendas en la Comisión de Agricultura del Organismo Legislativo.

La iniciativa de Ley 40-84 estará en la Comisión de Agricultura 10 días y será en ese espacio y tiempo que la población pobre del área rural junto con organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres tendrán que estar vigilantes para que el sector empresarial representado en la Cámara del Agro no le quite el espíritu a dicha iniciativa.

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Diputado Amilcar Pop, saluda a Daniel Pascual Hernández, coordinador general del -CUC-, luego de que pasara en segunda lectura la iniciativa 40-84.

En este sentido, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- expresó, que el espíritu de dicha iniciativa es el sujeto priorizado, en este caso la población rural en situación de pobreza y pobreza extrema. Asimismo dijo, “si le quitan el Ministerio de Desarrollo Rural Integral estarían desmontando el sistema, porque éste, es una de las virtudes de esta propuesta de ley”.

Y es que la iniciativa propone en el capitulo III, artículo 27, “la creación del Ministerio de Desarrollo Rural Integral para que coordine la ejecución de la Política y el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral. Lógicamente si se quita la creación de ese ministerio o se aprueba la Ley tal y como está, y no se le asigna presupuesto, tendríamos una ley muerta o solamente en papel.

En ese sentido se considera necesario y de urgencia que el movimiento campesino indígena y ladino pobre del área rural formen un frente unitario que tenga suficiente fuerza para un pulso, quizá el último en cuanto a esta iniciativa se refiere, con la oligarquía de este país que ya empieza a mover sus piezas en el Congreso de la República.

De hecho, este día (2 de febrero), se dejó entrever una de estas piezas y nos referimos precisamente al diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, PAN, quien quiso impedir que se conociera la iniciativa 40-84 anteponiendo una moción privilegiada, misma que no fue apoyada por la mayoría de sus colegas diputados.

Pero, intranquilo Linares, pidió la palabra para expresar que la iniciativa 40-84, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral significa una repartición de la riqueza de este país, lo que quiso dar a entender el congresista es que este proyecto de ley lleva implícita una “reforma agraria”, lo cual no es cierto. Lo que hizo el diputado es repetir el discurso de siempre de la oligarquía de este país, sector al que no le ha interesado, ni le interesa que las mayorías se desarrollen.

Linares Beltranena, es egresado de la Universidad Rafael Landivar, fue fiscal especial de la Procuraduría General de la Nación, PGN, a litigado y tiene experiencia en temas constitucionales. Ha defendido en los juzgados a personas involucradas con el narcotráfico, militares y grandes empresas. Entre sus clientes más sobresalientes se encuentra Francisco Ortega Menaldo, exmilitar y sindicado de ser parte de la Cofradía y socio de multinacionales, (datos tomados de el Periódico con fecha: 2015-12-4).

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El Diputados Amílcar Pop saluda a miembros de la comisión representante del movimiento campesino y popular.

Volviendo al tema de la iniciativa 40-84, cabe mencionar que en Guatemala se inició a discutir el Desarrollo Rural Integral desde los Acuerdos de Paz. Y fue en agosto de 2009 que se presentó dicha iniciativa al Congreso de la República y después de 7 años se encuentra en segunda lectura.

Artículo publicado originalmente en www.vocesdeiximulew.org

Redacción y fotografías por: José G. Cubur