Campesinos y defensores de derechos humanos siguen siendo criminalizados

img_6578El Comité de Unidad Campesina –CUC- de la región Fidel Asencio (Costa Sur de Guatemala), realizó, el 31 de enero de 2017, un plantón frente al edificio del organismo judicial de Coatepeque, Quetzaltenango, en donde se rechazó la actual criminalización y persecución penal en contra de campesinos por parte de algunos empresarios y el Ministerio Público del lugar.

Esta denuncia se dio en el marco de la conmemoración de los 37 años de la quema de la embajada de España en Guatemala, en donde murieron 37 personas entre campesinos, funcionarios diplomáticos y estudiantes universitarios.

img_6583Cabe recordar que estas personas fueron quemadas vivas por exigir respeto a sus derechos. Los campesinos y campesinas buscaban que el Estado y los medios de comunicación pusieran atención a sus demandas, pero la respuesta del gobierno fue quemarlos vivos, “que no quede ni uno vivo” fue la orden que dieron los altos mandos de la Policía Nacional de ese entonces.

Criminalización, persecución penal y difamación en contra DDH

Tanto ayer como hoy a los campesinos y campesinas se les sigue violando sus derechos sin que el gobierno haga algo por defenderlos. Por ejemplo, en Coatepeque están siendo procesados penalmente Elmar Pérez, Ricardo Perez, Dalila Mérida, Francisco Vásquez, y Pedro Ajtum a quienes la empresa San Gregorio Piedra Parada acusa falsamente de invadir sus instalaciones y destruir cultivos, entre el 20 y 23 de junio del año pasado.

img_6574Se sabe que los señores Pérez, Vásquez, Ajtum y Dalila Mérida estaban acompañando, en calidad de defensores de Derechos Humanos, a unos 250 extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada, quienes fueron estafados por los propietarios de dicha empresa agroexportadora.

Durante 30 años los patronos descontaron del salario de los extrabajadores las cuotas mensuales para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, pero los dueños de dicha empresa nunca entregaron el dinero a la institución en mención, lo que se traduce en una estafa millonaria.

Como parte de este caso, el 31 de enero del año en curso, se celebraría una audiencia de clausura provisional pero se suspendió por un amparo que presentó el abogado de los defensores de derechos humanos. De acuerdo uno de los procesados, hasta el momento no hay una fecha para realizar dicha audiencia.

En el plantón que duró poco más de medio día, los campesinos y campesinas demandaron al Ministerio Público el cese de la criminalización y persecución penal y que los directivos de la finca San Gregorio Piedra Parada detengan la campaña de difamación y calumnia en su contra, ya que en las entradas de esa propiedad se encuentran mantas vinílicas con la fotografía y el nombre de los defensores de derechos humanos a quienes acusan del delito de usurpación agravada.

Por: José Gabriel Cubur

Con información y fotografías de defensores de derechos humanos de Coatepeque.

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