FAMILIA CAMPOLLO LANZA ACCIONES REPRESIVAS CONTRA ANCIANOS QUE TRABAJARON PARA ELLOS EN FINCA SAN GREGORIO

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En complicidad con el Ministerio Público la familia Campollo, una de las más ricas de Guatemala, lanzaron este 24 de agosto, acciones represivas, allanamientos y capturas contra ancianos y ancianas que reclaman porque durante casi 30 años les descontaron el IGSS pero no lo pagaron a la institución.

Más de 250 extrabajadores de la Finca San Gregorio ubicada en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, propiedad de la Familia Campollo, fueron estafados durante 30 años al serles descontado mes a mes el pago del IGSS, pero dichos propietarios no pagaron a la mencionada institución. Cuando las y los trabajadores intentaron jubilarse, con edades entre 70 a 95 años, se dieron cuenta que sus cuotas no habían sido trasladadas al IGSS y por lo tanto no se pueden acoger al programa de invalides, vejez y sobrevivencia.

Ante tan inhumano robo, un grupo de extrabajadores, como justificada medida de presión se dirigió a la finca en forma pacífica y protestó durante 4 días en espera de respuesta por parte de la patronal, se retiraron, sin ningún  incidente, cuando la abogada Eugenia Sandoval se ofreció para mediar para que fueran escuchadas sus peticiones.

Sin embargo, en lugar de responder a las justas demandas de las y los ancianos que durante 30 años entregaron su fuerza de trabajo, la familia Campollo, en contubernio y complicidad con el Ministerio Público, ha lanzado una ofensiva para capturar a 16 personas. Estas acciones ocurren en el aniversario de la Masacre de la Finca la Exacta cuando las familias Campollo y Blanco Aguirre promovieron un desalojo en 1994, con el resultado de casi 10 trabajadores asesinados. Ya ha sido capturado uno de los ancianos extrabajadores y la PNC junto a fiscales del MP están allanando y rodeando viviendas, en búsqueda de otros. En lugar de procurar que se pague a los trabajadores que tienen más de 5 años de exigir sus derechos, el MP en poco tiempo y de forma inusualmente ágil, está procediendo con estas órdenes de captura.

Las comunidades de la región se están movilizando por lo que responsabilizamos a la PNC y la Fiscalía de Coatepeque por cualquier situación que se pueda dar, fruto de tan condenable proceder.

Llamamos a las demás comunidades y organizaciones campesinas a estar alertas y movilizados por las campañas de criminalización y desprestigio que se están impulsando en la actualidad en medios de comunicación y redes sociales que pueden desembocar en una nueva oleada de represión hacia comunidades indígenas y campesinas en Izabal y El Estor.

Comité de Unidad Campesina

CUC

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo de las y los Trabajadores del Campo

24 de agosto de 2016

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Lucha organizada detiene alza al pasaje en Coatepeque

Incrementar el pasaje al transporte colectivo sin que alguna autoridad competente la autorice se entiende como “abuso o imposición de poder” departe de los dueños de esos vehículos.CAM00065

El descaro de los autobuseros es que cuando algún ciudadano reclama ese incremento despiadado o simplemente pregunta el motivo del mismo, el ayudante o “brocha” le responde con palabras soeces y lo invita a bajarse de la unidad o lo manda a pagar taxi.

El incremento antojadizo al pasaje lo hemos padecido la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas pero ahora ese abuso de poder lo vivieron los habitantes de las comunidades del municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango quienes se vieron obligados a hacer acciones sociales para presionar a los empresarios y a las autoridades municipales para que el pasaje no fuera incrementado de Q3 a Q5.

El lunes 11 de los corrientes unas 600 personas de 10 comunidades de Coatepéque cerraron el paso vehicular en la ruta hacia el caserío Pacaya, al mismo tiempo buscaron eco a sus demandas en la municipalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias locales, logrando acordar una reunión con empresarios y el consejo municipal que se llevó a cabo el jueves 14 de febrero.

En dicha reunión se logró constatar que la comuna no había autorizado ningún incremento al pasaje y que ello fue decisión de los empresarios, quienes dijeron, que se debió al incremento de la gasolina.

Como resultado de las acciones sociales que hicieron las compañeras y los compañeros se logró comprometer a los empresarios a mantener el precio del pasaje como estaba anteriormente, para las comunidades cercanas, quedando establecidas las siguientes tarifas: para los caseríos El Refugio, Tital y los Cerros Q3.50, y para las comunidades lejanas como San Rafael Q4.50, además los estudiantes pagarán Q0.50 menos de pasaje.

La organización de las comunidades de Coatepeque una vez más ha logrado detener el abuso de poder y la imposición antojadiza del precio al pasaje por parte de los empresarios del transporte colectivo. “El pueblo unido jamás será vencido”.