La desembocadura de los Diálogos por el Agua

IMG_6765 copy

En Las Trojes I, San Juan Sacatepeqez se están secando los pozos artesanales. Muchas familias tiene que acudir a riachuelos para abasteserse de agua.

En el primer informe de la Instancia de Diálogos por el Agua, resultado de la consulta a unos 2500 líderes sobre el tema del agua, llaman la atención algunas de sus propuestas. Por ejemplo, “que la ley de aguas contenga sanciones económicas de un millón de quetzales a aquellas personas o empresas que contaminen o abusen del agua; que debe respetarse  la normativa ya practicada por los pueblos indígenas autoridades ancestrales y autoridades comunitarias sobre el manejo sostenible de ese bien natural; que todas las actividades relacionadas con el agua deben contar con la participación y consentimiento previo e informado de las comunidades involucradas”. Sigue leyendo

“Dame tus bienes, por las buenas o por las malas”

DSCF5400

Guardias de seguridad privada en la minera Proyecto VII Derivada de la empresa Exmingua, San José del Golfo, Guatemala.

En Guatemala las empresas mineras, hidroeléctricas y de monocultivos emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos.

En este artículo nos referiremos sólo a tres de sus procedimientos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad Social disfrazada y la creación de figuras criminales, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y lideresas.

Primero, estas empresas llegan a las comunidades a ofrecer comprar los terrenos que les interesa explotar y casi siempre logran su objetivo.

Segundo, como parte de su “responsabilidad social empresarial” organizan campeonatos de futbol, excursiones, costean parte de las fiestas patronales y en raras ocasiones construyen una parada de autobús o una escuela. En este procedimiento, gastan más dinero en publicidad que en el desarrollo de los eventos sociales o pequeña infraestructura.

Tercero, si algún comunitario o la mayoría de la comunidad se opone a los proyectos extractivos y de monocultivos, entonces se dan a la tarea de crear figuras criminales. En este sentido, juega un papel importante el jefe de seguridad quien actúa en contubernio con la policía estatal. Este personaje suele ser, en muchos casos, militar activo o en situación de retiro. Es el encargado de crear escenarios para que los líderes comunitarios sean perseguidos penalmente y hasta encarcelados.

Pero si no funciona la criminalización entonces acuden a la violencia (amenazas, agresiones verbales y físicas, y asesinatos).

En relación a la creación de figuras criminales, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- y de la Coordinación Maya Waqib´ Kej, dijo el 16 de mayo de 2016, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, que existen bufetes jurídicos pagados por las empresas extractivas y de monocultivos, encargados de formular toda la criminalización social y que cuando esos abogados no logran su objetivo entonces acuden a los asesinatos. https://goo.gl/nIqFGY

El defensor de derechos humanos citó como ejemplo el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.

La expresión de Pascual Hernández encaja bien en este artículo, pues pareciera que la estrategia de las empresas extractivas y de monocultivos en toda América Latina es la misma. En los últimos meses se ha incrementado la violencia en contra de dirigentes indígenas y campesinos de ambos sexos en Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala.

Aquí vale la pena mencionar un hilo conductor en los atentados en contra de activistas de Guatemala y Honduras. El común denominador es que los actores intelectuales o materiales de violaciones en contra de defensores y defensoras son militares o exmilitares.

IMG_1130

Hombre herido frente a las instalaciones de la minera San Rafael S.A, mayo de 2013.

Veamos algunos ejemplos: en el asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán y el ataque con arma de fuego en contra de 8 campesinos, el 27 de septiembre de 2009, en el Estor, Izabal, participó el teniente coronel retirado, Maynor Padilla, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, capturado el 26 de septiembre de 2012 y ligado a proceso penal el 1 de octubre del mismo año.

El responsable de ordenar el asesinato de las personas que se encontraban manifestando frente a la minera San Rafael, S. A, el 27 de abril de 2013, en donde resultaron heridas de bala seis personas, fue el exmilitar, Alberto Rotondo, de nacionalidad Peruana, quién fue capturado el 30 de abril de ese año. Ahora Rotondo está prófugo de la justicia guatemalteca.

Por este caso, también está preso el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Pedro Esteban López, quién detuvo ilegalmente e inventó delitos graves en contra de 26 personas de Santa Rosa y Jalapa quienes se oponen a la minería en su territorio.

Otro caso que sale a colación, es el trabajo de criminalización, persecución e intimidación en contra de líderes y lideresas que hizo la empresa Escorpión que le brindaba servicios de seguridad privada a Exmingua, dueña del proyecto minero Siete Derivada, ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El dueño de Escorpión es el capitán Miguel Martínez Solís  y su brazo derecho era el exteniente del ejército Pablo Silas.

Detrás del asesinato de la ambientalista y lideresa del Pueblo Lenca de Honduras, Berta Cáceres, está el mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz. Los ejemplos citados nos dan idea del fuerte vínculo que tienen las empresas extractivas y de monocultivos con militares y exmilitares.

Fotos: Ricardo Busquets y JGP

Redacción: José Gabriel Cubur

Clausurar definitivamente a Repsa para descontaminar el Ja´

Ja´

El Ja´ (Agua) del Río La Pasión esta contaminada y la vida que emana de ese vital líquido está a punto de terminar. “La culpable de esta contaminación es la empresa Reforestadora Palmas del Petén (Repsa)”, afirman líderes comunitarios.

Las aguas contaminadas con plaguicidas organofosforados que Repsa vierte en el Río La Pasión no es un error, sino una irresponsabilidad empresarial que ha costado la vida de toneladas de peces y otros animales acuáticos. También pone en peligro la vida de unas 12 mil personas de 23 comunidades que se ubican en las orillas de este afluente.

Líderes y lideresas comunitarias de Sayaxché, Petén afirmaron, en conferencia de prensa realizada esta mañana, que el ecocidio afecta la seguridad alimentaria, nutricional, ingresos económicos y el consumo humano del agua en la región. Y no existe una respuesta efectiva del Gobierno para la asistencia humanitaria que se necesita. Además la contaminación sigue causando muerte de peces, 180 kilómetros río abajo.

10933721_871478832925048_7481283483826853298_nPor otro lado, afirman que la empresa, desde su estadía en la región, ha causado rompimiento del tejido social y desarticulación de la organización comunitaria. Haciendo uso del tráfico de influencias en el Organismo Ejecutivo y Legislativo a través de funcionarios públicos entre ellos el diputado por el Petén, Manuel Barquín.

Los líderes, hombres y mujeres, en nombre de 116 mil personas que habitan en las cuencas del Río La Pasión y Río Usumacinta exigen a las autoridades competentes del Gobierno que: Clausuren definitivamente las operaciones de Repsa y que se deduzcan las responsabilidades penales a los responsables de cometer los daños ecológicos.

También exigen declarar un Estado de Calamidad para garantizar la ayuda humanitaria que necesitan las personas afectadas directamente. Que se obligue a Repsa a resarcir económicamente a las familias dependientes de la pesca y que entregue a las comunidades las tierras que posee a cambio del daño ecológico causado.

Las comunidades declararon non grato al diputado Manuel Barquín Duran y demandan a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que investigue el tráfico de influencia que práctica ese congresista.

Demandan a las autoridades competentes girar orden de captura en contra de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por omisión e incumplimiento de deberes debido a que Repsa opera sin Estudio de Impacto Ambiental.

Al Ministerio Público demandan transparencia e imparcialidad en las investigaciones que se llevan a cabo por este caso. Y responsabilizan a los señores Felipe Molina y José Abraham Estrada Solano de Repsa por cualquier intimidación, coacción, violencia física o asesinato que puedan sufrir los dirigentes comunitarios o sus familiares.

169488Las exigencias de las comunidades afectadas por el ecocidio del Río La Pasión deben ser atendidas seria y urgentemente por las autoridades de gobierno, las bolsas de agua, los filtros y alimentos que el Organismo Ejecutivo está ofreciendo a algunas familias afectadas son medidas paliativas que no resuelven el problema. Es necesario que las autoridades clausuren definitivamente a la empresa Repsa y a otras que se dedican a la plantación de monocultivos en la región, para que se garantice la descontaminación del Ja´ del Río La Pasión para que las semillas de vida nuevamente germinen.

El juego judicial de Gilda Aguilar contra Daniel Pascual

fotos dia 3 ecm 069

De izquierda a derecha: Gilda Isabel Aguilar Reodríguez, Sergio Beltetón (abogado) y Daniel Pascual Hernández

Una audiencia en donde se ventilará uno de los casos jurídicos que involucra al dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- se llevará a cabo, mañana, en el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.

La audiencia se deriva de un montaje y acusaciones falsas que la exfiscal distrital del Ministerio Público, Gilda Isabel Aguilar Rodríguez, hizo en contra del dirigente campesino, señalándolo de haber atentado contra su vida.

De acuerdo con los antecedentes del caso que poseen los abogados defensores de Pascual Hernández y a recortes de prensa, Aguilar sufrió un atentado armado la noche del 22 de agosto de 2012, cuando se conducía sobre el puente Canalich, jurisdicción de la aldea Siete Pinos del departamento de Huehuetenango. Los sicarios se dieron a la fuga, sin que la exfiscal y sus acompañantes los reconocieran.

Sin embargo, más de un año después, Aguilar denuncia a Daniel Pascual Hernández por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa, conspiración y asociación ilícita en contra de ella basada en un vídeo-montaje publicado en Youtube el 11 de febrero de 2014, en donde un reo identificado como René Israel Martínez dice que  escuchó cuando dos personas, que inmediatamente liga con la “unidad campesina cuc”, le ofrecían a su compañero de celda, Byron Tello, una gran suma de dinero por la eliminación de Gilda Aguilar.

Cabe recordar que cuando Aguilar era fiscal distrital del Ministerio Público en Huehuetenango realizó, el 6 de junio de 2012, una diligencia de prueba anticipada anómala, en donde indujo al señor Jaime Leocadio Velásquez a acusar a Daniel Pascual Hernández de dirigir las protestas sociales de la población civil de Santa Cruz Barillas en contra de la hidroeléctrica Cambalam I de la empresa Hidro Santa Cruz.

En septiembre del mismo año el juez  Pérez Zamora declaró defectuosa la actividad procesal llevada a cabo por Aguilar el 6 de junio.

Pero para no quedarse con el mal sabor de boca por la decisión del juez, Aguilar presentó, el 6 de febrero de 2014, una querella en contra de Daniel Pascual Hernández, esta vez acusándolo de ser el responsable del atentado que sufrió la exfiscal en agosto de 2012. Y para abordar esta querella y acusaciones falsas en contra del coordinador general del CUC se realizará este 21 de abril de 2015, a las 11:35 de la mañana, la audiencia pública, antes mencionada.

Saludamos a las mujeres del mundo…

El Comité de Unidad Campesina CUC al conmemorarse el día internacional de la mujer saluda a las mujeres que día a día trabajan para el sostenimiento de la familia, a las mujeres que desde sus comunidades defienden la vida, el territorio y la madre tierra, a las mujeres que venden su fuerza de trabajo por un salario miserable, las mujeres que a pesar de los múltiples tareas aportan en la lucha por un mejor país, sin discriminación, sin opresión, sin violencia, sin patriarcado y machismo, sin persecución, sin que se persiga y encarcele a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos, por la defensa del territorio y el saqueo de los bienes naturales.

Las oportunidades para las mujeres en relación a la educación, salud, acceso a la tierra, a la justicia y seguridad han sido reducidos a las políticas asistencialistas y clientelares de los gobiernos de turno invisibilizando así el papel histórico y protagónico que las mujeres tenemos en la sociedad, para lo cual gastan millones de quetzales en publicidad para convencer a la opinión publica de los avances en esos temas. La falta de oportunidades para las mujeres no se resuelve con ese tipo de políticas, de esa cuenta que, las organizaciones aglutinadas alrededor de la Marcha Indígena Campesina y popular a partir de marzo del 2012 entregó a los organismos del Estado y sus instituciones una serie de demandas, de orden estructural donde se reflejan los aspectos más sentidos de orden social, económico, político y cultural, entre estas: la necesidad de retomar y aprobar de urgencia nacional la iniciativa de  ley 40-84 Ley de Desarrollo Rural Integral la cual fue engavetada por el Gobierno actual, promovida por los intereses de la oligarquía conservadora, que ha tenido al país en uno de los peores atrasos en Latino América.

En este día internacional de la mujer, no queremos dejar desapercibido, la criminalización, represión y persecución a mujeres y hombres que luchan por el derecho a la vida, ya que ello significa la lucha por la defensa de la madre tierra, madre naturaleza y el territorio.

Nos solidarizamos con la Fiscal General del Ministerio Publico la doctora Claudia Paz y Paz, que ha sido objeto de señalamientos por grupos interesados en mantener la impunidad y la parcialidad en la aplicación de la justicia.

Las mujeres indígenas y campesinas demandamos del gobierno políticas que generen oportunidades de desarrollo, para las mujeres del campo y la ciudad, exigimos acceso, uso y tenencia de la madre tierra, exigimos salud, educación, fuentes de trabajo con salarios dignos, seguridad y una vida sin violencia. ¡No al femicidio!

La no concesión de las licencias mineras que favorecen a empresas nacionales y extranjeras que ven en los bienes de la Madre Naturaleza una mercancía, no importándoles su destrucción, lo cual riñe con la Cosmovisión de nuestros pueblos originarios, quienes vemos en ellos la vida

Exigimos libertad para los presos políticos y que no se den más órdenes de captura, no más represión y persecución en nuestras comunidades, ni a nuestras dirigentas y dirigentes a nivel local y nacional. Desde ya condenamos y denunciamos cualquier acto que atente en contra de la integridad física y moral de cualquiera de ellas y ellos.

Demandamos el acceso a tierra para las 629 familias desalojadas del Polochic, tomando en cuenta a las mujeres, quienes han jugado un papel protagónico en la lucha.

FINALMENTE, hacemos un merecido reconocimiento a todas las mujeres heroínas y mártires  que desde sus espacios han aportado a la lucha y causa de las mujeres y hoy forman parte del universo y que desde allí acompañan e iluminan nuestros pasos y caminar en la lucha.

LUCHAMOS POR LA VIDA… LUCHAMOS POR LA TIERRA

LUCHAR POR LA TIERRA PARA LAS MUJERES… ES LUCHAR POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD. 

Comité de Unidad Campesina

–CUC-

Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo

Guatemala, 8 de marzo de 2014