Banda criminal mantiene bajo amenazas a dirigente del CUC en Panzós, Alta Verapaz

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Ante la agresión que sufrió Esteban Hermelindo Cux, dirigente a nivel nacional del Comité de Unidad Campesina –CUC- y su familia, el pasado viernes 2 de septiembre del presente año en Panzós Alta Verapaz, damos a conocer a la opinión pública nacional e internacional que la situación en el lugar se mantiene tensa y nuestro compañero corre peligro.

La banda criminal ha lanzado nuevas amenazas en contra de nuestro compañero y su familia. Extraoficialmente se conoce que el grupo criminal se esta reorganizando y esta planificando la eliminación física de Esteban Hermelindo o algún familiar suyo. Sigue leyendo

La desembocadura de los Diálogos por el Agua

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En Las Trojes I, San Juan Sacatepeqez se están secando los pozos artesanales. Muchas familias tiene que acudir a riachuelos para abasteserse de agua.

En el primer informe de la Instancia de Diálogos por el Agua, resultado de la consulta a unos 2500 líderes sobre el tema del agua, llaman la atención algunas de sus propuestas. Por ejemplo, “que la ley de aguas contenga sanciones económicas de un millón de quetzales a aquellas personas o empresas que contaminen o abusen del agua; que debe respetarse  la normativa ya practicada por los pueblos indígenas autoridades ancestrales y autoridades comunitarias sobre el manejo sostenible de ese bien natural; que todas las actividades relacionadas con el agua deben contar con la participación y consentimiento previo e informado de las comunidades involucradas”. Sigue leyendo

Concluye proceso de formación sobre derechos humanos en el Polochic

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Al menos 40 defensoras y defensores de derechos humanos fortalecieron sus conocimientos

“La criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos; respuestas jurídicas y políticas” fue el tema central del último taller de formación impartido por el Comité de Unidad Campesina –CUC- y Oxfam para personas que trabajan en pro de los derechos humanos en el Valle del Polochic, Alta Verapaz.

Según Irene Barrientos, responsable de ese proceso de formación a defensoras y defensores de derechos humanos, en Guatemala se criminaliza y se persigue penalmente a las personas que trabajan en defensa de su territorio y la Madre Tierra, y el pueblo Maya Q´eqchi no es la excepción. Sigue leyendo

“Dame tus bienes, por las buenas o por las malas”

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Guardias de seguridad privada en la minera Proyecto VII Derivada de la empresa Exmingua, San José del Golfo, Guatemala.

En Guatemala las empresas mineras, hidroeléctricas y de monocultivos emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos.

En este artículo nos referiremos sólo a tres de sus procedimientos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad Social disfrazada y la creación de figuras criminales, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y lideresas.

Primero, estas empresas llegan a las comunidades a ofrecer comprar los terrenos que les interesa explotar y casi siempre logran su objetivo.

Segundo, como parte de su “responsabilidad social empresarial” organizan campeonatos de futbol, excursiones, costean parte de las fiestas patronales y en raras ocasiones construyen una parada de autobús o una escuela. En este procedimiento, gastan más dinero en publicidad que en el desarrollo de los eventos sociales o pequeña infraestructura.

Tercero, si algún comunitario o la mayoría de la comunidad se opone a los proyectos extractivos y de monocultivos, entonces se dan a la tarea de crear figuras criminales. En este sentido, juega un papel importante el jefe de seguridad quien actúa en contubernio con la policía estatal. Este personaje suele ser, en muchos casos, militar activo o en situación de retiro. Es el encargado de crear escenarios para que los líderes comunitarios sean perseguidos penalmente y hasta encarcelados.

Pero si no funciona la criminalización entonces acuden a la violencia (amenazas, agresiones verbales y físicas, y asesinatos).

En relación a la creación de figuras criminales, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- y de la Coordinación Maya Waqib´ Kej, dijo el 16 de mayo de 2016, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, que existen bufetes jurídicos pagados por las empresas extractivas y de monocultivos, encargados de formular toda la criminalización social y que cuando esos abogados no logran su objetivo entonces acuden a los asesinatos. https://goo.gl/nIqFGY

El defensor de derechos humanos citó como ejemplo el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.

La expresión de Pascual Hernández encaja bien en este artículo, pues pareciera que la estrategia de las empresas extractivas y de monocultivos en toda América Latina es la misma. En los últimos meses se ha incrementado la violencia en contra de dirigentes indígenas y campesinos de ambos sexos en Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala.

Aquí vale la pena mencionar un hilo conductor en los atentados en contra de activistas de Guatemala y Honduras. El común denominador es que los actores intelectuales o materiales de violaciones en contra de defensores y defensoras son militares o exmilitares.

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Hombre herido frente a las instalaciones de la minera San Rafael S.A, mayo de 2013.

Veamos algunos ejemplos: en el asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán y el ataque con arma de fuego en contra de 8 campesinos, el 27 de septiembre de 2009, en el Estor, Izabal, participó el teniente coronel retirado, Maynor Padilla, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, capturado el 26 de septiembre de 2012 y ligado a proceso penal el 1 de octubre del mismo año.

El responsable de ordenar el asesinato de las personas que se encontraban manifestando frente a la minera San Rafael, S. A, el 27 de abril de 2013, en donde resultaron heridas de bala seis personas, fue el exmilitar, Alberto Rotondo, de nacionalidad Peruana, quién fue capturado el 30 de abril de ese año. Ahora Rotondo está prófugo de la justicia guatemalteca.

Por este caso, también está preso el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Pedro Esteban López, quién detuvo ilegalmente e inventó delitos graves en contra de 26 personas de Santa Rosa y Jalapa quienes se oponen a la minería en su territorio.

Otro caso que sale a colación, es el trabajo de criminalización, persecución e intimidación en contra de líderes y lideresas que hizo la empresa Escorpión que le brindaba servicios de seguridad privada a Exmingua, dueña del proyecto minero Siete Derivada, ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El dueño de Escorpión es el capitán Miguel Martínez Solís  y su brazo derecho era el exteniente del ejército Pablo Silas.

Detrás del asesinato de la ambientalista y lideresa del Pueblo Lenca de Honduras, Berta Cáceres, está el mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz. Los ejemplos citados nos dan idea del fuerte vínculo que tienen las empresas extractivas y de monocultivos con militares y exmilitares.

Fotos: Ricardo Busquets y JGP

Redacción: José Gabriel Cubur

Indignación en Buena Vista

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Una multitud, un féretro. Muchos ramos de flores silvestres, muchas caras indignadas, un duelo. Una niña que entre su llanto dice: mi papito no, mi papito no, mi papito no. Una esposa que por ratos llora y por ratos se reconforta. Un papá que aunque no le corren lágrimas sobre sus mejías siente un dolor desgarrador. Unos amigos que lo recuerdan. Una señora que se solidariza con los familiares. Un cementerio que en su seno guarda los restos mortales de un compañero…

De regreso, al que fue su hogar, el frío de la soledad se apodera de los cuerpos vivos. Un cuarto semioscuro solo guardaba restos de velas y la mesa dondeDSC_0052 yacía tendido el cuerpo sin vida del compañero antes de su entierro. La esposa llamó a sus hijos e hijas y cuando los tenía junto a ella con indignación denunció el asesinato de su esposo de manos de la policía y exigió al gobierno que se responsabilice de ella y sus hijos, ya que han quedado desamparados seis infantes inocentes y la humilde mujer de 32 años, cuyo nombre retumba en nuestra mente, María Cruz Cruz.

Este no es un poema ni siquiera se asemeja a esa composición literaria, solamente intenta ser el relato del acto fúnebre del compañero Luis Alfredo Vásquez Cruz de 38 años de edad, asesinado por elementos de las fuerzas policiales del gobierno, el 12 de noviembre de 2014, cuando se encontraba en jurisdicción de Sanarate, El Progreso, junto a otro grupo de campesinos exigiendo la aprobación de leyes a favor de la población en situación de pobreza y pobreza extrema de Guatemala.

Luis había llegado a la ruta hacia el Atlántico a sumarse a otros habitantes organizados que exigian sus derechos, pero el gobierno en lugar de escucharlos y atender sus demandas mandó a la policía a reprimirlos, Vásquez Cruz, recibió un balazo a la altura del pecho izquierdo y otro en la pierna del mismo lado. Esta vez para lavarse las manos el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, militar retirado que “detesta” a los defensores y defensoras de derechos humanos, esperó a que la Corte de Constitucionalidad aprobara, a favor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, un amparo en donde indirectamente ordenó a las fuerzas represivas del estado desalojar a los ciudadanos y ciudadanas que salieron a las calles a demandar al Congreso de la República la aprobación de leyes favorables a la población rural y originaria de este país y que dorogue varias normas que atentan contra sus derechos.

DSC_0056El asesinato de Luis Vásquez Cruz reafirma que el CACIF, el Gobierno (conformado por los tres organismos de estado), y los partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso de la República están retrocediendo a nuestro país al periodo de la esclavitud, a la época en donde los únicos que tenían derechos y acceso a la justicia eran los dueños. Ellos quieren convertir a la mayoría de guatemaltecos en lacayos y por eso asesinan a aquel hombre o a aquella mujer que demanda justicia o exige respeto a sus derechos.

En este sentido nos reconforta haber escuchado a la población de la comunidad Buena Vista, afirmar que la muerte de Luis Vásquez los motiva a seguir en la lucha en contra de la minería, en la lucha por que se aprueben leyes a su favor como la urgente Ley de Desarrollo RuDSC_0077ral Integral y porque se respeten sus derechos humanos.

Buena Vista, Jalapa una comunidad de almenos 15 mil habitantes. Una población Xinca que vive en situación de pobreza y pobreza extrema. Familias campesinas que viven del maíz, frijol, hortalizas y la fruticultura. Una tierra fértil bañada de manantiales. Un territorio de hombres y mujeres luchadores. Una población que extrañará a Luis Alfredo Vásquez Cruz, pero que ha prometido seguir su ejemplo de lucha y resistencia aunque eso signifique ofrendar su vida.

“Florecerás Guatemala”

Por: JGC

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