Por falta de mérito quitan tres delitos graves a Defensor de Derechos Humanos de El Estor

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El defensor de Derechos Humanos, Abelino Chub Caal, Maya Q´eqchí del Estor Izabal, seguirá en prisión en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 capitalina, ya que el Juez de Puerto Barrios, Izabal, que conoce su caso, no dio una medida sustitutiva por considerar que podría obstaculizar la averiguación de la verdad. No obstante, por falta de mérito, el togado dejó sin efecto tres de cinco delitos por los cuales Chub Caal estaba siendo acusado por el Ministerio Público y  fue arrestado el pasado 4 de febrero en jurisdicción de Cobán, Alta Verapaz.

De acuerdo con Sergio Beltetón y Juan Castro, ambos abogados de Abelino Chub, se logró que el juez dejara sin efecto los delitos de Asociación Ilícita, Asociación Ilegal de Gente Armada y Coacción. “Esos tres delitos son graves, están comprendidos en la Ley de Delincuencia Organizada para reprimir al crimen organizado y narcotráfico, incluso a nivel internacional”, explicó Sergio Beltetón. Sigue leyendo

El Comité de Unidad Campesina CUC rechaza y condena la represión en comunidades campesinas de El Estor, Izabal

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Campesinos y campesinas heridos, viviendas quemadas y dos compañeros campesinos detenidos es el saldo del desalojo violento que se llevó a cabo, en la comunidad Agrario El Esfuerzo Túnico, El Estor, Izabal.

La orden de desalojo se autorizó a solicitud de la familia Arriaza de la empresa Inversiones Cobra Sociedad Anónima o conocida como finca Cobra. Como respuesta 1800 Agentes de la Policía Nacional Civil –PNC- fueron movilizados al lugar para desalojar a la comunidad el Esfuerzo Túnico, miembro del CUC, durante ese desalojo sobrevolaron dos helicópteros desde donde estaban supervisando la ejecución del mismo. El desalojo se llevó a cabo a pesar de que existía una mesa de diálogo entre comunidades y representantes de los finqueros, mediada por la institucionalidad agraria del Estado con el acompañamiento del CUC. Sigue leyendo

FAMILIA CAMPOLLO LANZA ACCIONES REPRESIVAS CONTRA ANCIANOS QUE TRABAJARON PARA ELLOS EN FINCA SAN GREGORIO

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En complicidad con el Ministerio Público la familia Campollo, una de las más ricas de Guatemala, lanzaron este 24 de agosto, acciones represivas, allanamientos y capturas contra ancianos y ancianas que reclaman porque durante casi 30 años les descontaron el IGSS pero no lo pagaron a la institución.

Más de 250 extrabajadores de la Finca San Gregorio ubicada en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, propiedad de la Familia Campollo, fueron estafados durante 30 años al serles descontado mes a mes el pago del IGSS, pero dichos propietarios no pagaron a la mencionada institución. Cuando las y los trabajadores intentaron jubilarse, con edades entre 70 a 95 años, se dieron cuenta que sus cuotas no habían sido trasladadas al IGSS y por lo tanto no se pueden acoger al programa de invalides, vejez y sobrevivencia.

Ante tan inhumano robo, un grupo de extrabajadores, como justificada medida de presión se dirigió a la finca en forma pacífica y protestó durante 4 días en espera de respuesta por parte de la patronal, se retiraron, sin ningún  incidente, cuando la abogada Eugenia Sandoval se ofreció para mediar para que fueran escuchadas sus peticiones.

Sin embargo, en lugar de responder a las justas demandas de las y los ancianos que durante 30 años entregaron su fuerza de trabajo, la familia Campollo, en contubernio y complicidad con el Ministerio Público, ha lanzado una ofensiva para capturar a 16 personas. Estas acciones ocurren en el aniversario de la Masacre de la Finca la Exacta cuando las familias Campollo y Blanco Aguirre promovieron un desalojo en 1994, con el resultado de casi 10 trabajadores asesinados. Ya ha sido capturado uno de los ancianos extrabajadores y la PNC junto a fiscales del MP están allanando y rodeando viviendas, en búsqueda de otros. En lugar de procurar que se pague a los trabajadores que tienen más de 5 años de exigir sus derechos, el MP en poco tiempo y de forma inusualmente ágil, está procediendo con estas órdenes de captura.

Las comunidades de la región se están movilizando por lo que responsabilizamos a la PNC y la Fiscalía de Coatepeque por cualquier situación que se pueda dar, fruto de tan condenable proceder.

Llamamos a las demás comunidades y organizaciones campesinas a estar alertas y movilizados por las campañas de criminalización y desprestigio que se están impulsando en la actualidad en medios de comunicación y redes sociales que pueden desembocar en una nueva oleada de represión hacia comunidades indígenas y campesinas en Izabal y El Estor.

Comité de Unidad Campesina

CUC

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo de las y los Trabajadores del Campo

24 de agosto de 2016

“Dame tus bienes, por las buenas o por las malas”

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Guardias de seguridad privada en la minera Proyecto VII Derivada de la empresa Exmingua, San José del Golfo, Guatemala.

En Guatemala las empresas mineras, hidroeléctricas y de monocultivos emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos.

En este artículo nos referiremos sólo a tres de sus procedimientos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad Social disfrazada y la creación de figuras criminales, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y lideresas.

Primero, estas empresas llegan a las comunidades a ofrecer comprar los terrenos que les interesa explotar y casi siempre logran su objetivo.

Segundo, como parte de su “responsabilidad social empresarial” organizan campeonatos de futbol, excursiones, costean parte de las fiestas patronales y en raras ocasiones construyen una parada de autobús o una escuela. En este procedimiento, gastan más dinero en publicidad que en el desarrollo de los eventos sociales o pequeña infraestructura.

Tercero, si algún comunitario o la mayoría de la comunidad se opone a los proyectos extractivos y de monocultivos, entonces se dan a la tarea de crear figuras criminales. En este sentido, juega un papel importante el jefe de seguridad quien actúa en contubernio con la policía estatal. Este personaje suele ser, en muchos casos, militar activo o en situación de retiro. Es el encargado de crear escenarios para que los líderes comunitarios sean perseguidos penalmente y hasta encarcelados.

Pero si no funciona la criminalización entonces acuden a la violencia (amenazas, agresiones verbales y físicas, y asesinatos).

En relación a la creación de figuras criminales, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- y de la Coordinación Maya Waqib´ Kej, dijo el 16 de mayo de 2016, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, que existen bufetes jurídicos pagados por las empresas extractivas y de monocultivos, encargados de formular toda la criminalización social y que cuando esos abogados no logran su objetivo entonces acuden a los asesinatos. https://goo.gl/nIqFGY

El defensor de derechos humanos citó como ejemplo el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.

La expresión de Pascual Hernández encaja bien en este artículo, pues pareciera que la estrategia de las empresas extractivas y de monocultivos en toda América Latina es la misma. En los últimos meses se ha incrementado la violencia en contra de dirigentes indígenas y campesinos de ambos sexos en Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala.

Aquí vale la pena mencionar un hilo conductor en los atentados en contra de activistas de Guatemala y Honduras. El común denominador es que los actores intelectuales o materiales de violaciones en contra de defensores y defensoras son militares o exmilitares.

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Hombre herido frente a las instalaciones de la minera San Rafael S.A, mayo de 2013.

Veamos algunos ejemplos: en el asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán y el ataque con arma de fuego en contra de 8 campesinos, el 27 de septiembre de 2009, en el Estor, Izabal, participó el teniente coronel retirado, Maynor Padilla, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, capturado el 26 de septiembre de 2012 y ligado a proceso penal el 1 de octubre del mismo año.

El responsable de ordenar el asesinato de las personas que se encontraban manifestando frente a la minera San Rafael, S. A, el 27 de abril de 2013, en donde resultaron heridas de bala seis personas, fue el exmilitar, Alberto Rotondo, de nacionalidad Peruana, quién fue capturado el 30 de abril de ese año. Ahora Rotondo está prófugo de la justicia guatemalteca.

Por este caso, también está preso el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Pedro Esteban López, quién detuvo ilegalmente e inventó delitos graves en contra de 26 personas de Santa Rosa y Jalapa quienes se oponen a la minería en su territorio.

Otro caso que sale a colación, es el trabajo de criminalización, persecución e intimidación en contra de líderes y lideresas que hizo la empresa Escorpión que le brindaba servicios de seguridad privada a Exmingua, dueña del proyecto minero Siete Derivada, ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El dueño de Escorpión es el capitán Miguel Martínez Solís  y su brazo derecho era el exteniente del ejército Pablo Silas.

Detrás del asesinato de la ambientalista y lideresa del Pueblo Lenca de Honduras, Berta Cáceres, está el mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz. Los ejemplos citados nos dan idea del fuerte vínculo que tienen las empresas extractivas y de monocultivos con militares y exmilitares.

Fotos: Ricardo Busquets y JGP

Redacción: José Gabriel Cubur

Alegatos sobre Libertad de Expresión en la CC

‪#‎LibertadDeExpresiónUnDerechoHumano‬ ‪#‎MiExpresiónMiDerecho‬
“La Libertad de Expresión es un Derecho Inherente al ser humano”. En Guatemala, a estas alturas, los tribunales de justicia no tendrían que poner en duda, ni en debate penal el derecho al ejercicio de la Libertad de Expresión que tiene toda Guatemalteca y todo Guatemalteco”. “La libertad de Expresión no se debe confundir con la libertad de prensa”. “Si permitimos que se criminalice y se penalice la Libertad de Expresión, se sentaría un precedente nefasto, y las guatemaltecas y guatemaltecos tendrían temor a denunciar violaciones a sus derechos, evitando que sean juzgados en los tribunales de justicia”.
Lo anterior, son algunas de las expresiones dadas a conocer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, en la vista pública, celebrada el 17 de mayo de 2016, en donde se solicitó a esa máxima magistratura que se deje sin efecto una sentencia de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal constituida en Tribunal de Amparo, en donde se dice que un tribunal de imprenta no podría conocer las acusaciones falsas que se le hacen a Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, CUC, relacionadas con la libertad de expresión, “ya que él no es periodista”.
En el siguiente video pueden conocer los alegatos que se dieron en dicha vista pública en la CC.
Si estas de acuerdo en que la Libertad de Expresión es un Derecho Humano que tiene toda persona, entonces mira completo este material audiovisual y compártelo con tus amigos y amigas… 

Continúa lucha por la defensa de la libertad de expresión en Guatemala

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Mientras el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal le da trámite a un recurso de inconstitucionalidad, presentado el jueves 25 de los corrientes, sobre el caso de libertad de expresión del dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, este 29 de febrero el defensor de Derechos Humanos solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que garantice su derecho a la emisión del pensamiento. Asimismo miles de personas y organizaciones continúan solidarizándose con Pascual Hernández y rechazando la criminalización y penalización de la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento en Guatemala #MiExpresiónMiDerecho.

El Defensor de Derechos Humanos, Daniel Pascual Hernández, coordinador del Comité de Unidad Campesina –CUC– puso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH– en contra de Carmen Adelina Toaspern Medina, juez del Tribunal Duodécimo del ramo Penal por obviar la aplicación del artículo 35 de la Constitución Política de la República y el Decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente -Ley de Emisión del Pensamiento-, en el proceso de acción privada en donde se conoce una querella presentada en contra del dirigente campesino, acusado falsamente de cometer los delitos de difamación, calumnia e injuria.

De acuerdo con la denuncia presentada este 29 de febrero de 2016, “a la juez se le hizo ver verbalmente y por escrito” que debía apegarse a las leyes de rango constitucional y que inclusive se le pidió su declinatoria en el caso, pero hizo caso omiso e insistió en mantener ligado a proceso a Pascual Hernández, amparada en legislación de rango inferior a la Carta Magna, es decir, por leyes ordinarias como el Código Penal y el Procesal Penal con lo que estaría violando el debido proceso.

De esta cuenta Pascual Hernández solicitó al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, que garantice su derecho a la Libertad de Emisión del Pensamiento. Añadiendo, que ante esta situación existe la amenaza de que se penalice la libertad de expresión, y que está sumamente preocupado por la persecución que esto pueda provocar sobre guatemaltecas y guatemaltecos del área rural y urbana, y sobre defensores de derechos humanos, provocando por otro lado autocensura y temor en las personas a expresarse libremente.

Sigue recibiendo solidaridad

Luego de que la juez del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal ligara a proceso a Pascual Hernández, por los supuestos delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, las muestras de solidaridad no han dejado de llegar al dirigente campesino.

Este 29 de febrero, Hernández dijo que ha recibido unos 5 mil mensajes solidarios con su persona y lucha a través de llamadas y mensajes por correo electrónico y su perfil en redes sociales. También se tiene información que más de 90 organizaciones indígenas, campesinas, de Derechos Humanos, de mujeres, de jóvenes, de Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala y el Resto del Mundo han enviado por escrito sus muestras de solidaridad para con Pascual Hernández y rechazando la criminalización y judicialización del derecho a la Libertad de Expresión.

¿Por qué la población se está pronunciando a favor de la libertad de expresión? Porque es algo inherente al ser humano, por lo tanto, si se permite la penalización de ese derecho, se estaría conduciendo a la sociedad guatemalteca a una situación dictatorial.

En este sentido, Pascual Hernández opinó que las instancias judiciales del país no están asumiendo este tema como un asunto de libertad de expresión, sino como un delito penal, lo que atenta contra la Constitución Política de Guatemala. “la persecución penal de la libertad de expresión es una situación grave porque a partir de hoy puede ser perseguida cualquier persona, sea o no dirigente o lideresa.

En relación a lo anterior, Helmer Velásquez, coordinador general de la Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas –Congcoop– opinó al respecto que la diferencia entre una sociedad oscurantista y una sociedad abierta (democrática), es precisamente la libertad de expresión, “que los ciudadanos puedan expresarse no solo verbalmente o por escrito, sino que participen y opinen en cualquier espacio, es un derecho que no puede ser arrebatado; denunciar la injusticia es un derecho y un deber, y a nosotros nos parece que la Fundación Contra el Terrorismo lo que pretende en este zarpazo a la insipiente democracia es justamente provocar un retroceso sobre la base del temor”.

Por su parte, Pablo Ceto, de la Comisión de Relaciones Políticas de las Alcaldías de la Región Ixil, manifiesta que el país necesita tener mayores espacios para que la gente se exprese, diga sus ideas, sus opiniones, sueños y critique. Porque ese es un derecho humano universal, y en este caso está siendo vulnerado no solo el derecho de Daniel Pascual como dirigente indígena, campesino, popular, y un dirigente joven democrático, sino, contra ese derecho universal. “Es un retroceso en el cumplimiento de los acuerdos de paz”.

Asimismo, Juana Batz, de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA-, manifestó que el pueblo indígena se siente muy ofendido, la población tiene libertad de expresión, “tenemos la libertad de manifestar y hablar sobre las cosas que violan nuestros derechos humanos”.

Por: José G. C.