“Dame tus bienes, por las buenas o por las malas”

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Guardias de seguridad privada en la minera Proyecto VII Derivada de la empresa Exmingua, San José del Golfo, Guatemala.

En Guatemala las empresas mineras, hidroeléctricas y de monocultivos emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos.

En este artículo nos referiremos sólo a tres de sus procedimientos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad Social disfrazada y la creación de figuras criminales, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y lideresas.

Primero, estas empresas llegan a las comunidades a ofrecer comprar los terrenos que les interesa explotar y casi siempre logran su objetivo.

Segundo, como parte de su “responsabilidad social empresarial” organizan campeonatos de futbol, excursiones, costean parte de las fiestas patronales y en raras ocasiones construyen una parada de autobús o una escuela. En este procedimiento, gastan más dinero en publicidad que en el desarrollo de los eventos sociales o pequeña infraestructura.

Tercero, si algún comunitario o la mayoría de la comunidad se opone a los proyectos extractivos y de monocultivos, entonces se dan a la tarea de crear figuras criminales. En este sentido, juega un papel importante el jefe de seguridad quien actúa en contubernio con la policía estatal. Este personaje suele ser, en muchos casos, militar activo o en situación de retiro. Es el encargado de crear escenarios para que los líderes comunitarios sean perseguidos penalmente y hasta encarcelados.

Pero si no funciona la criminalización entonces acuden a la violencia (amenazas, agresiones verbales y físicas, y asesinatos).

En relación a la creación de figuras criminales, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- y de la Coordinación Maya Waqib´ Kej, dijo el 16 de mayo de 2016, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, que existen bufetes jurídicos pagados por las empresas extractivas y de monocultivos, encargados de formular toda la criminalización social y que cuando esos abogados no logran su objetivo entonces acuden a los asesinatos. https://goo.gl/nIqFGY

El defensor de derechos humanos citó como ejemplo el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.

La expresión de Pascual Hernández encaja bien en este artículo, pues pareciera que la estrategia de las empresas extractivas y de monocultivos en toda América Latina es la misma. En los últimos meses se ha incrementado la violencia en contra de dirigentes indígenas y campesinos de ambos sexos en Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala.

Aquí vale la pena mencionar un hilo conductor en los atentados en contra de activistas de Guatemala y Honduras. El común denominador es que los actores intelectuales o materiales de violaciones en contra de defensores y defensoras son militares o exmilitares.

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Hombre herido frente a las instalaciones de la minera San Rafael S.A, mayo de 2013.

Veamos algunos ejemplos: en el asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán y el ataque con arma de fuego en contra de 8 campesinos, el 27 de septiembre de 2009, en el Estor, Izabal, participó el teniente coronel retirado, Maynor Padilla, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, capturado el 26 de septiembre de 2012 y ligado a proceso penal el 1 de octubre del mismo año.

El responsable de ordenar el asesinato de las personas que se encontraban manifestando frente a la minera San Rafael, S. A, el 27 de abril de 2013, en donde resultaron heridas de bala seis personas, fue el exmilitar, Alberto Rotondo, de nacionalidad Peruana, quién fue capturado el 30 de abril de ese año. Ahora Rotondo está prófugo de la justicia guatemalteca.

Por este caso, también está preso el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Pedro Esteban López, quién detuvo ilegalmente e inventó delitos graves en contra de 26 personas de Santa Rosa y Jalapa quienes se oponen a la minería en su territorio.

Otro caso que sale a colación, es el trabajo de criminalización, persecución e intimidación en contra de líderes y lideresas que hizo la empresa Escorpión que le brindaba servicios de seguridad privada a Exmingua, dueña del proyecto minero Siete Derivada, ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El dueño de Escorpión es el capitán Miguel Martínez Solís  y su brazo derecho era el exteniente del ejército Pablo Silas.

Detrás del asesinato de la ambientalista y lideresa del Pueblo Lenca de Honduras, Berta Cáceres, está el mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz. Los ejemplos citados nos dan idea del fuerte vínculo que tienen las empresas extractivas y de monocultivos con militares y exmilitares.

Fotos: Ricardo Busquets y JGP

Redacción: José Gabriel Cubur

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Indignación en Buena Vista

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Una multitud, un féretro. Muchos ramos de flores silvestres, muchas caras indignadas, un duelo. Una niña que entre su llanto dice: mi papito no, mi papito no, mi papito no. Una esposa que por ratos llora y por ratos se reconforta. Un papá que aunque no le corren lágrimas sobre sus mejías siente un dolor desgarrador. Unos amigos que lo recuerdan. Una señora que se solidariza con los familiares. Un cementerio que en su seno guarda los restos mortales de un compañero…

De regreso, al que fue su hogar, el frío de la soledad se apodera de los cuerpos vivos. Un cuarto semioscuro solo guardaba restos de velas y la mesa dondeDSC_0052 yacía tendido el cuerpo sin vida del compañero antes de su entierro. La esposa llamó a sus hijos e hijas y cuando los tenía junto a ella con indignación denunció el asesinato de su esposo de manos de la policía y exigió al gobierno que se responsabilice de ella y sus hijos, ya que han quedado desamparados seis infantes inocentes y la humilde mujer de 32 años, cuyo nombre retumba en nuestra mente, María Cruz Cruz.

Este no es un poema ni siquiera se asemeja a esa composición literaria, solamente intenta ser el relato del acto fúnebre del compañero Luis Alfredo Vásquez Cruz de 38 años de edad, asesinado por elementos de las fuerzas policiales del gobierno, el 12 de noviembre de 2014, cuando se encontraba en jurisdicción de Sanarate, El Progreso, junto a otro grupo de campesinos exigiendo la aprobación de leyes a favor de la población en situación de pobreza y pobreza extrema de Guatemala.

Luis había llegado a la ruta hacia el Atlántico a sumarse a otros habitantes organizados que exigian sus derechos, pero el gobierno en lugar de escucharlos y atender sus demandas mandó a la policía a reprimirlos, Vásquez Cruz, recibió un balazo a la altura del pecho izquierdo y otro en la pierna del mismo lado. Esta vez para lavarse las manos el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, militar retirado que “detesta” a los defensores y defensoras de derechos humanos, esperó a que la Corte de Constitucionalidad aprobara, a favor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, un amparo en donde indirectamente ordenó a las fuerzas represivas del estado desalojar a los ciudadanos y ciudadanas que salieron a las calles a demandar al Congreso de la República la aprobación de leyes favorables a la población rural y originaria de este país y que dorogue varias normas que atentan contra sus derechos.

DSC_0056El asesinato de Luis Vásquez Cruz reafirma que el CACIF, el Gobierno (conformado por los tres organismos de estado), y los partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso de la República están retrocediendo a nuestro país al periodo de la esclavitud, a la época en donde los únicos que tenían derechos y acceso a la justicia eran los dueños. Ellos quieren convertir a la mayoría de guatemaltecos en lacayos y por eso asesinan a aquel hombre o a aquella mujer que demanda justicia o exige respeto a sus derechos.

En este sentido nos reconforta haber escuchado a la población de la comunidad Buena Vista, afirmar que la muerte de Luis Vásquez los motiva a seguir en la lucha en contra de la minería, en la lucha por que se aprueben leyes a su favor como la urgente Ley de Desarrollo RuDSC_0077ral Integral y porque se respeten sus derechos humanos.

Buena Vista, Jalapa una comunidad de almenos 15 mil habitantes. Una población Xinca que vive en situación de pobreza y pobreza extrema. Familias campesinas que viven del maíz, frijol, hortalizas y la fruticultura. Una tierra fértil bañada de manantiales. Un territorio de hombres y mujeres luchadores. Una población que extrañará a Luis Alfredo Vásquez Cruz, pero que ha prometido seguir su ejemplo de lucha y resistencia aunque eso signifique ofrendar su vida.

“Florecerás Guatemala”

Por: JGC

www.vocesdeiximulew.org

¡La palabra de los pueblos originarios y movimientos populares en la radio!

La criminalización y represión como parte de la estrategia para el impulso del modelo económico neoliberal en Guatemala

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El modelo económico y de desarrollo neoliberal en Guatemala impulsado por los gobiernos desde el año 2005, en la actualidad, tiene como parte fundamental de su estrategia la criminalización y represión hacia los pueblos originarios y movimientos populares que se oponen a la explotación de sus recursos naturales y la invasión de su territorio.

Como resultado de esta criminalización y persecución sobresale la condena a 150 años de prisión a Abelardo Curup, líder de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, que desde hace siete años iniciaron su lucha y resistencia en contra de la instalación de una planta cementera.

También se menciona la masacre cometida por el ejercito en la Cumbre de Alaska, Sololá, en contra de seis habitantes de Totonicapán. Otros asesinatos y arrestos sin sustentos legales se llevaron a cabo en la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, Mataquescuintla, en San Rafael Las Flores y Casillas.

En este marco no se olvidan los asesinatos y arrestos contra comunitarios de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Arrestos viciados en el Norte del Quiché y en Alta Verapaz.

Pero tanto la criminalización y represión llevadas a cabo por el Gobierno y las cámaras empresariales se hacen acompañar de un estigma que persigue legitimar esas prácticas frente a la sociedad guatemalteca e internacional.

Lo anterior es parte del análisis hecho por Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- durante el Encuentro Nacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria que ha iniciado en la ciudad de Chimaltenango y que concluirá mañana 6 de diciembre de 2013.

Conclusiones y Peticiones de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares a la CIDH frente a la criminalización de la protesta social en Guatemala

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Ponente: Rubén Jiménez, de la comunidad indígena Santa María Xalapán, Jalapa

En torno a todo lo que hemos dicho podemos concluir en algunas cosas específicas:

1. “Debido a los nuevos procesos globales de acumulación los cuales buscan a toda costa la apropiación y despojo de los bienes naturales de comunidades indígenas y campesinas. El Estado de Guatemala se ha insertado aceleradamente a dichos procesos apuntalando cada una de las inversiones que generalmente irrespetan los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos y particularmente de las mujeres”.

2. “El Estado de Guatemala criminaliza de forma sistemática la protesta social y reprime a los defensores de los derechos humanos, a quienes luchan por la defensa de su tierra, de su territorio y de sus recursos naturales; los métodos utilizados por el Estado para criminalizar la protesta social y generar un proceso de estigmatización y de persecución del movimiento social y defensores sociales muestran patrones similares”.

3. “Se utiliza el derecho penal en contra de dirigentes que defienden los bienes naturales y sus territorios frente a los megaproyectos, acusándolos de cometer delitos tales como usurpación, secuestros, resistencia con agravación específica, entre ellos, el desorden público, detención ilegal, asociación ilícita entre otros, pero en el peor de los casos, de terroristas y sicarios”.

4. “Los dirigentes comunitarios son acusados de forma tendenciosa de delincuentes, desestabilizadores, terroristas, asesinos y ladrones por algunos medios de comunicación. Existe negligencia o mala fe por parte de los operadores de justicia que integran el sistema de administración de justicia, pues el derecho penal es utilizado para castigar y criminalizar las actividades pacíficas de protesta social y de reivindicaciones legitimas de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones y movimientos indígenas. El Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación de garantizar la protección de toda persona frente a hechos de violencia, amenazas, represalias de hecho y de derecho”.

Peticiones.

“Solicitamos a la relatoría de los derechos de los pueblos indígenas  la visita y inloco (en el lugar) y la preparación de un informe sobre el efecto del abuso de los estados de excepción en contra de los pueblos indígenas de Guatemala y la incompatibilidad de la ley de orden público, respecto de los estándares de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.

2. “Solicitar a la relatoría de los defensores y defensoras de derechos humanos la visita inloco (en el lugar) y la preparación de un informe sobre la represión y la criminalización de comunitarios y lideres defensores de derechos humanos de Guatemala”.

3. Exigir al Estado de Guatemala el cese de la represión y criminalización de la protesta social.

4. “Exigir al Estado de Guatemala que investigue las denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios”.

5 “Que la Comisión vigile la aplicación los estados de excepción en Guatemala a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales que ha fijado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

Nota: Rubén Jiménez, es uno de los líderes comunitarios de la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, Jalapa. Comunidad que junto al pueblo Xinka de Mataquescuintla, Casillas y San Rafael Las Flores padecieron un estado de sitio decretado por el gobierno, para dar vía libre a las operaciones de la minera San Rafael en el proyecto minero denominado el Escobal.

Anteriormente al estado de sitio, el mayordomo de Xalapán, Roberto González Ucelo, junto a otros tres líderes de esa comunidad, fueron secuestrados, después de que regresaban de una consulta comunitaria de buena fe en San Rafael las Flores, dejando como saldo el asesinato de Expectación Marcos, este hecho ocurrió el 17 de marzo de este año.

A los líderes comunitarios y habitantes de esta comunidad ancestral Xinka, también se les ha acusado, por parte del gobierno, de terroristas, de robo de armas y explosivos entre otros delitos grabes, sin que hasta la fecha, se haya comprobado tal calumnia.

La 149 Audiencia de la CIDH se realizó en Washington D.C hoy 28 de octubre de 2013 a las 8:15 de la mañana, hora de Guatemala.

Intervención de Daniel Pascual durante la Audiencia No.149 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington

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“Buenos días, decirles que venimos en representación de comunidades pueblos y organizaciones que estamos sumamente preocupados por la situación del país. Nosotros venimos a presentar este informe y de entrada queremos reiterar la necesidad del informe de la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de su reciente visita a Guatemala”.

“Contarles que es lamentable nuestra situación, porque salimos de los acuerdos de paz que nos llevó a cerrar la guerra en el país, pero que lamentablemente en este momento estamos viviendo situaciones alarmantes similares a la guerra, hay alrededor de 16 y 17 muertos diarios en nuestro país”.

“Nos preocupa la conflictividad a partir del desarrollo de las políticas de privatización que hubieron y que hay en nuestro país, por los tratados comerciales, por las concesiones mineras, por las concesiones petroleras, y las concesiones de hidroeléctricas”.

“El acaparamiento de la tierra para cultivar palma y caña para agrocombustibles esta llevando a una reconcentración de la tierra general y que a partir de eso se han dado una serie de violaciones de derechos humanos, individuales y colectivos que tienen que ver con la violación y el derecho a ser consultados para estas políticas”.

“La imposición de estas empresas en territorios de pueblos indígenas, estamos hablando de más de 300 licencias de explotaciones mineras entre exploración y explotación, 119 licencias para proyectos hidroeléctricos y recientemente la creciente criminalización de dirigentes y líderes comunitarios”.

Toda esa criminalización de los defensores de derechos humaos pasa a manos de los juzgados en donde giran órdenes de captura y cuando estos no lo logran, el Organismo Ejecutivo se encarga de hacer estados de sitio en donde, concretamente, se anulan formalmente y de hecho las diferentes garantías constitucionales”.

“Esto ha llevado también, a niveles de asesinatos, amenazas, desapariciones y secuestros como fue el caso de la comunidad indígena Santa María Xalapán.  Y entre otros casos que queremos poner como ejemplo”.

“También, tenemos que decir, que esta persecución no es sólo penal, sino de hecho por parte de las empresas privadas de seguridad. Hay algunos casos que se están siendo procesados en los tribunales. Incluso, ya hay casos en juicio en donde hay penas en contra de  jefes de guardias privados de seguridad”.

“Las agresiones no son sólo éstas, se han dado una serie de acusaciones de ciertos periodistas y columnistas que escriben en diferentes medios de comunicación y es lamentable que en este caso el Estado Guatemalteco les haya aprobado la personería jurídica, como es el caso, de que el ministerio de gobernación haya aprobado la personería jurídica de la mal llamada fundación contra el terrorismo, encargada de una serie de acusaciones hacia diferentes defensores de derechos humanos, derechos individuales y derechos colectivos”.

“En este sentido, queremos decirles que traemos estas denuncias, las estrategias que usan para agredirnos son diversas, son de hecho, son de grupos paramilitares, son departe del Estado, entre otros, nosotros somos los quiénes estamos viviendo esta situación, cada vez más crítica”.

Nota:

Daniel Pascual es coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC– y miembro de la Convergencia Nacional Maya Waqib Kej. Participó como peticionario en la Audiencia 149 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– en Washington D.C. referente a la Criminalización de la Protesta Social en Guatemala, porque ha sido calumniado, difamado y señalado falsamente, junto a otros dirigentes populares y defensores de derechos humanos, de crear conflictos sociales, de ser terroristas, entre otras cosas, por el Gobierno, algunos supuestos periodistas y el grupo exmilitar denominado fundación contra el terrorismo.

La audiencia se realizó hoy 28 de octubre de 2013 a las 8:15 de la mañana, hora de Guatemala.

Hablemos de la moratoria minera y las iniciativas de ley sobre minería…

IMG_1799Esta moratoria se impulsa en el Congreso de la República desde ayer, después de que el gobierno de Otto Pérez Molina, otorgara dos licencias de explotación minera a las empresas Minera San Rafael Sociedad Anónima y a la Compañía Guatemalteca de Niquel Sociedad Anónima (CGN), el 3 de abril de 2013.

La primera empresa mencionada, ejecuta el proyecto minero denominado El Escobal ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. La segunda empresa, ejecuta el proyecto Niquegua Montufar II ubicado en los Amates Izabal.

Nos preguntamos ¿Cuánto fue lo que recibió Otto Pérez, por otorgar la licencia minera a Minera San Rafael y a la CGN y por defender sus proyectos a capa y espada?. El descaro de este gobierno es que decretó un estado de sitio innecesario y tildó de criminales a la población defensora de sus bienes naturales y su vida misma, en Jalapa y Santa Rosa.

Con la moratoria minera Otto Pérez quiere aparentar ante los miles de compañeros y compañeras defensores de los derechos humanos y de nuestros recursos naturales su lado democrático, pero bien sabemos que el trío de milicos Otto Pérez, Mauricio Bonilla y Ulises Anzueto no tienen nada de eso.

Esta moratoria también tiene un tinte político electoral, este gobierno quiere revertir su imagen dictatorial, porque ya estamos a las vísperas del periodo electoral y será la imagen de un gobierno democrático que de aquí en adelante presentará a través de la millonaria campaña publicitaria que está impulsando en los medios de comunicación corporativos.

Por otro lado, los seguidores de este gobierno han anunciado que presentarán una iniciativa de ley de minería en la cual proponen crear una empresa estatal de minería y solicitarán un aumento en las regalías del 35% de las ganancias obtenidas por esta actividad. ¡Vaya propuesta de esta gente!

Guatemaltecas y guatemaltecos concientes que respetan y hacen valer sus Derechos Humanos, recordemos que los pueblos indígenas y originarios tienen derecho, reconocido internacionalmente, a ser consultados antes de implementar un modelo económico en su territorio. En este sentido Las Consultas Comunitarias de Buena Fe deben ser tomadas en cuenta y vinculantes en el marco jurídico de Guatemala.

En más de 60 municipio en donde se han realizado estas actividades democráticas, la población ha rechazado la minería, las hidroeléctricas y todo proyecto extractivo. En ese marco se debe encaminar nuestra lucha, porque si el pueblo dice NO a la minería el gobierno, las empresa extractivas y organizaciones indígenas progobernantes  deben respetar esa decisión.

¿Qué piensa usted estimado lector?