Campesinos y campesinas continúan dispersos y temen ser capturados o atacados por el ejército y la policía

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La situación continúa tensa en el sector de la aldea La Esperanza y El Esfuerzo Túnico en el municipio del Estor Izabal, después de que la Policía Nacional Civil ejecutara un desalojo violento ayer, 26 de octubre de 2016.

De acuerdo con de líderes comunitarios de ese territorio, ayer, durante el desalojo guardias de seguridad y cuadrilleros (trabajadores campesinos de la empresa Inversiones Cobra Sociedad Anónima), quemaron 78  viviendas y destruyeron unas 20 hectáreas de sembradíos de maíz. Después del desalojo violento, los trabajadores de dicha empresa intentaron volver a la comunidad El Esfuerzo, para terminar de destruir los cultivos, pero no lograron su objetivo porque mujeres y hombres de dicha comunidad se organizaron para defender sus productos.

Con la quema de viviendas, las familias perdieron utensilios de cocina, herramientas de trabajo y ropa. Se confirma que una señora de 80 años estuvo a punto de morir intoxicada por las bombas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas represivas del Estado, hoy esa persona se encuentra grave de salud. También apresaron al líder comunitario Carlos Quim Tiul. Sigue leyendo

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El Comité de Unidad Campesina CUC rechaza y condena la represión en comunidades campesinas de El Estor, Izabal

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Campesinos y campesinas heridos, viviendas quemadas y dos compañeros campesinos detenidos es el saldo del desalojo violento que se llevó a cabo, en la comunidad Agrario El Esfuerzo Túnico, El Estor, Izabal.

La orden de desalojo se autorizó a solicitud de la familia Arriaza de la empresa Inversiones Cobra Sociedad Anónima o conocida como finca Cobra. Como respuesta 1800 Agentes de la Policía Nacional Civil –PNC- fueron movilizados al lugar para desalojar a la comunidad el Esfuerzo Túnico, miembro del CUC, durante ese desalojo sobrevolaron dos helicópteros desde donde estaban supervisando la ejecución del mismo. El desalojo se llevó a cabo a pesar de que existía una mesa de diálogo entre comunidades y representantes de los finqueros, mediada por la institucionalidad agraria del Estado con el acompañamiento del CUC. Sigue leyendo

Empujoncito para salir del subdesarrollo

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Niños Maya Q´eqchi de la comunidad El Zapotal, Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal.

Por: José G. Cubur

Los recientes datos estadísticos sobre el subdesarrollo y la situación de pobreza y extrema pobreza en la que nos encontramos, demuestran que nuestro camión llamado Guatemala va cuesta arriba y a vuelta de rueda, y si nadie se baja a empujarlo o solo un grupo lo hace difícilmente avanzará a la cima. En este sentido se considera que la población indígena y campesina ya dio su primer empujoncito, será cuestión de voluntad política del Congreso de la República, si se suma, para que nuestro camión avance un poco más.

El subdesarrollo

En enero de 2015, la canasta básica tenía un costo de Q3247.20. El mes pasado (enero 2016), el costo de la canasta básica era de Q3662, lo que significa un incremento de Q441.80 en un año[i]. En contraposición, el salario mínimo mensual, aumentó en una año Q102.64 para el sector agrícola y no agrícola y Q83.20 para el sector exportador y de maquila[ii]. Es decir que un trabajador de finca debería devengar un salario mensual de Q2747.04 y un empleado de maquila Q2534.15 (estos montos salariales fijados para el 2016, ya incluyen Q250 de bonificación que establece la ley).

Con los salarios establecidos para el 2016, al campesino le faltan Q914.96 para cubrir la totalidad de la canasta básica, pero en la realidad guatemalteca esta cifra aumenta, porque existen muchas empresas, principalmente de monocultivos que ni siquiera cumplen con pagar el salario mínimo.

Nuestra intensión no es seguir siendo tan dramáticos pero los números que nos presentan los informes oficiales, nos obligan a compararlos con la realidad que viven hermanos guatemaltecos y guatemaltecas, principalmente del área rural.

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Padre e hija sostienen a su familia, cuando no hay cosecha de granos básicos, con la venta de leña. Comunidad Zapotal, Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI– 2014, a nivel de país, la pobreza aumentó nueve puntos porcentuales. En tanto que la pobreza extrema, en la población indígena, aumentó 12 puntos porcentuales al pasar de 27.3 al 39.8 por ciento. Resaltamos que la mayoría de población indígena habita en el área rural.

La pobreza y la pobreza extrema tienen efectos letales para la población, principalmente para los habitantes indígenas y ladinos pobres del área rural. Los datos de la ENCOVI reflejan que a mayor pobreza menor alfabetismo. Por otro lado se observa un aumento en la población que no consulta a personal médico por accidentes o enfermedades debido a la falta de dinero, de 29.2 por ciento en el año 2000 a 36.2 por ciento en el año 2014[iii].

A lo anterior se suma, que en relación al Desarrollo Humano, Guatemala se encuentra en el puesto 128 de 187 países evaluados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD[iv]. Asimismo, 180 mil personas se encuentran sin empleo.

Con estos datos es difícil creer que el Estado de Guatemala alcance el desarrollo económico planteado en el plan “Visión 20-20” del actual gobierno de Jimmy Morales. Vale la pena remarcar que en su plan el gobierno habla de desarrollo económico, más no habla de desarrollo humano, aunque estos términos pueden ir entrelazados.

Desarrollo Rural Integral = Desarrollo Humano

Entendemos que el desarrollo humano de un país se centra en el desarrollo integral de todos sus habitantes, pero en Guatemala a la población rural no llegan las políticas, planes o programas públicos para que esas personas aumenten sus posibilidades de vida.

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Vivienda, comunidad Maya Chiché, Chupol, Chichicastenango, El Quiché.

En el área rural la pobreza y pobreza extrema se ve a flor de piel, en este momento nadie puede negar que en las aldeas, caseríos o comunidades existen familias que no tienen la posibilidad de comer los tres tiempos, y si lo hacen, es solo por llenarse, lejos queda la alimentación y nutrición. En estas condiciones de vida, a la mayoría de padres de familia les importa poco que sus hijos vayan a la escuela, que sus esposas visiten el centro de salud, porque tal como lo reza el ENCOVI a mayor pobreza menor alfabetismo.

Con hambre y pobreza las personas del área rural no piensan en vestuario, no piensan en poseer enormes y elegantes casas, solo quieren tener un empleo en donde se respete sus derechos laborales. Y en donde no existen, o hay muy pocas fuentes de empleo, las campesinas y campesino sueñan con tener un pedazo de tierra para producir sus propios alimentos y obtener ganancias de su producción de maíz y frijol, para cubrir otras necesidades.

Esta narración no es un cuento dedicado la población urbana, es la realidad que se vive en el norte, en el oriente, en el occidente y en el sur de nuestro país, y si usted apreciable lector no ha visto esa realidad, le invitamos a adentrarse en las aldeas, en los caserío y comunidades del área rural de nuestra Guatemala.

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Vista panorámica, comunidad Chupol, Chichicastenango, El Quiché.

Pero, en este artículo no se trata de víctimizar a la población del área rural se trata más bien de resaltar las propuestas políticas que este sector ha hecho llegar al Organismo Legislativo para cambiar su situación y salir del subdesarrollo.

La población indígena y campesina del área rural le propone al Congreso de la República que apruebe la iniciativa 40-84 conocida como Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, misma que se ha trabajado y consensuado desde hace más de 15 años por comunidades indígenas y campesinas, por organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres y otros movimientos populares.

Esta iniciativa pasó su segunda lectura en el Congreso el pasado 2 de febrero, pero fue regresada a la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca para un mayor análisis y discusión de sus enmiendas, en un plazo de 10 días hábiles.

En este sentido, el 9 de febrero, las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres rurales y otros movimientos populares presentaron 11 enmiendas a la iniciativa 40-84. Esas propuestas, fueron entregadas a la Comisión de Agricultura del Organismo Legislativo y tiene relación con: darle una mayor visibilidad a la mujer rural y una participación paritaria entre hombres y mujeres. Asimismo se reafirma y se aclara la función que tendrían dentro de la Ley de Desarrollo Rural Integral el Consejo Nacional Urbano y Rural –CONADUR– y la Junta Monetaria, y se aclaró que no se revisarían los Tratados de Libre Comercio, sino que van a estar en constante monitoreo social. Por último, se aclara que las funciones del Ministerio de Desarrollo Rural Integral son: coordinar con otros ministerios e instancias de gobierno, para hacer un trabajo en conjunto en pro del desarrollo rural integral.

¿Pero se resolverá la situación de pobreza y extrema pobreza del área rural inmediatamente al aprobarse esta iniciativa de ley? La Ley de Desarrollo Rural Integral no es una varita mágica que hará cambiar la vida de las familias del área rural de la noche a la mañana. Esta Ley será el instrumento legal para que el Estado de Guatemala trabaje por un desarrollo integral en el área rural. Entiéndase que con esta norma las políticas o programas de desarrollo rural ya no serán de gobiernos, sino de Estado, y entonces todo aquel que llegue a administrar la cosa pública tendrá que apegarse y darle continuidad a esas políticas, planes y programas.

Habitantes de la comunidad Chupol, Chichicastenango, El Quiché.

Por otro lado, si las familias en pobreza o pobreza extrema del área rural se desarrollan, difícilmente migrarían a las ciudades y formar parte de las cifras alarmantes de desempleo o aumentar los niveles de pobreza en las áreas urbanas.

Con la aprobación de esta iniciativa todos y todas ganamos, si y solo si, se hacen las cosas bien y con transparencia. Solo por mencionar un ejemplo: la clasificación del país en cuanto a desarrollo humano mejoraría, habría más oferta de granos básicos y hortalizas, lo que haría bajar el costo de la canasta básica, habría menos desempleo, menos migración y sobre todo menos desnutrición y hambruna.

La decisión esta en los diputados y diputadas del actual periodo legislativo, en los próximos días Guatemala se dará cuenta si éstos congresistas son amigos del desarrollo humano integral de todos los guatemaltecos y guatemaltecas o si siguen siendo amigos aquellos que hablan tanto de desarrollo, pero solo de sus familias y allegados.

[i]Datos propios con información del Índice de Precios al Consumidor –IPC– y Costo de la Canasta Básica Alimentaria y Vital, diciembre de 2015. Informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, en enero de 2016.

[ii]Datos propios con información de los decretos: 303-2015, publicado en el Diario de Centroamérica, el 30 de diciembre de 2015. 470-2014, publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2014.

[iii]Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI– 2014.

[iv]Informe sobre Desarrollo Humano 2015, “Trabajo al servicio del Desarrollo Humano”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

CC Reconocen el derecho ancestral del pueblo Maya Q´eqchi

El caso paradigmático de la Sierra Santa Cruz

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El cuatro de diciembre del año recién-pasado la Corte de Constitucionalidad –CC– hizo oficial una resolución, en donde se otorga amparo definitivo a favor de 27 comunidades indígenas ancestrales Q´eqchi, dueñas de 247 caballerías de tierra de la Sierra Santa Cruz, Izabal. Esa resolución es ejemplar porque en ella la CC reconoce la existencia de los pueblos indígenas de Guatemala, dos mil años antes de Cristo. También deja claro que el pueblo Maya Q´eqchi es dueño legítimo de su territorio al reconocer su derecho ancestral y reconocer su realidad histórico-social. Asimismo deja al descubierto que hubo falsificación de documentos, corrupción e impunidad al momento de inscribir las tierras a nombre de personas individuales, empresas madereras y entidades financieras en el Registro General de la Propiedad. Por su parte el Comité de Unidad Campesina –CUC– a iniciado la socialización de esa resolución en varias instituciones del estado y representantes de las 27 comunidades indígenas ancestrales, sujetas de derecho.

Trabajo estratégico

IMG_0758Con el objetivo de recuperar 247 caballerías de tierra, para 27 comunidades indígenas ancestrales de la Sierra Santa Cruz, Izabal, que de forma anómala habían pasado a manos de finqueros, empresas madereras y financieras, en el año 2011, el CUC y el Programa Maya en Guatemala formularon un litigio estratégico, y 4 años después se tienen resultados positivos para las comunidades indígenas ancestrales Q´eqchi sujetas de derecho.

El primer acercamiento entre las comunidades indígenas ancestrales Q´eqchi de la Sierra Santa Cruz y el CUC, se dio a finales de 2011. El 23 de agosto del año 2012, 8 comunidades fueron inscritas en la municipalidad del Estor, Izabal como: “Comunidades Indígenas Ancestrales Q´eqchi”. Esto luego de dialogar y hacer trámites legales ante el concejo municipal de esa localidad.

El 29 de Agosto de 2012, las comunidades y el CUC presentaron un recurso de amparo en el Centro Administrativo de Gestión Civil del Organismo Judicial, éste fue trasladado posteriormente a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Dicho amparo se presentó en contra del Registrador General de la Propiedad por violación “derechos de propiedad ancestral de tierras comunales indígenas, así como de los principios de legalidad de proceso y de la persona humana como fin y deber del Estado”.

IMG_0718El 20 de agosto del año 2013, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo, dictó un “Amparo Provisional” favorable a las ocho comunidades indígenas ancestrales Q´eqchi de la Sierra Santa Cruz.

El cinco de marzo de 2014 representantes de ocho comunidades y el CUC presentaron sus alegatos frente a los magistrados de la CC, en una Vista Publica argumentando que históricamente las tierras de la Sierra Santa Cruz son de las comunidades indígenas ancestrales.

El cuatro de diciembre de 2015, la Corte de Constitucionalidad oficializó su resolución numero 5955-2013, en donde da con lugar la apelación interpuesta en esa instancia por las comunidades indígenas ancestrales, K´ix ha´, Se´Y´abal, Roqi ha´, Se´Tzuul, Chipuni´, Raxruha´, Jalaute´ y Saltul´, asentadas históricamente en la Sierra Santa Cruz, jurisdicción de los municipios del Estor y Livingston, Izabal.

Cabe resaltar que la resolución la CC reconoce la existencia de los pueblos indígenas 2 mil años antes de Cristo. Además que el pueblo Maya Q´eqchi es legítimo propietario de su territorio, reconociendo su realidad histórico-social. “las comunidades amparistas aglutinan y representan una colectividad cuyos integrantes se identifican por arraigo y vínculos familiares con el territorio que tradicionalmente han usado”, reza el documento.

Dando a conocer la resolución

IMG_0540En dos reuniones recientes, llevadas a cabo en El Estor, Izabal, una comisión conformada por dirigentes y equipos técnicos del CUC han socializado la resolución de la CC en donde se ampara definitivamente a 27 comunidades indígenas ancestrales Maya Q´eqchi que habitan en 247 caballerías de tierra de la Sierra Santa Cruz.

La primera reunión en donde el CUC socializó dicha resolución con representantes de 12 comunidades beneficiadas, se realizó el 27 de diciembre recién pasado. Ese día también se llevó a cabo una reunión con el alcalde municipal, saliente, del Estor y el representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios del mismo municipio.

IMG_0755Una siguiente reunión se realizó el 7 de enero de 2016 con representantes de instituciones de gobierno relacionadas con el tema de acceso a tierra, Derechos Humanos y del alcalde entrante, del Estor, a quienes se les solicitó involucrarse en el proceso ya que por mandato de la CC las comunidades deben hacer los trámites legales para la obtención de sus títulos de propiedad.

En los próximos días se realizará una nueva reunión con líderes y lideresas de las 27 comunidades y representantes de instituciones de gobierno central y municipal para darle seguimiento al caso y agilizar la obtención de títulos de propiedad.

Comunidades Q´eqchi esperan de la CC una sentencia favorable

IMG_2300Líderes, de ambos sexos, de las ocho Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal demandan a la Corte de Constitucionalidad, CC, la nulidad plena de las inscripciones anómalas de sus tierras que hicieran empresas madereras, financieras y sociedades anónimas en el Registro General de la Propiedad.

La nulidad de esas inscripciones y el reconocimiento legitimo del derecho que tienen estas comunidades a la propiedad de la tierra se lo solicitan a la CC porque los magistrados de esa instancia tienen en su poder un Amparo presentado ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por los comunitarios en contra del Registro General de la Propiedad en el año 2012. Ver http://youtu.be/7bS52E617fs

El 5 de marzo de este año los líderes de las comunidades indígenas afectadas presentaron sus alegatos frente a los magistrados de la CC argumentando que históricamente esas tierras les pertenecen.

“Nosotros no nos vamos a salir porque somos parte del aire, el agua la montaña y los animales, incluso de allí es donde nos alimentamos y se alimentan nuestros hijos, por eso les solicitamos a ustedes que solucionen este problema respetando nuestra propiedad”, argumentó, ante los magistrados, Héctor Icó, representante de las 8 Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz. Ver http://youtu.be/0AjhTHadO2Y

Por su parte el abogado Sergio Beltetón asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina –CUC- solicitó a los magistrados que otorguen el Amparo pleno y total a las 8 Comunidades Indígenas.

La CC tiene en su decisión favorecer a cientos de familias Q´eqchi o beneficiar a la familia del exministro de Energía y Minas, durante el gobierno de Álvaro Colom, Carlos Meany, a la Financiera G&T y otras personas y sociedades anónimas que se han apropiado anómalamente de 246 caballerías de tierra en la mencionada Sierra. Leer más http://www.plazapublica.com.gt/content/tras-las-pistas-de-una-finca-de-origenes-dudosos

La Sierra Santa Cruz alberga a más de 600 familias de 20 comunidades, 8 de ellas reconocidas como Comunidades Indígenas por la Municipalidad del Estor del departamento de Izabal. Los comunitarios iniciaron la recuperación legal de estas tierras desde la década de los sesentas.

Este 20 de junio con actividades político culturales, frente a la CC, las 8 Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz le recordarán a los magistrados que su sentencia debe ser imparcial, por lo tanto les debe favorecer ya que de no hacerlo estarían violando el derecho colectivo y el derecho a la propiedad de estas familias.